La fecha fue instituida el 21 de diciembre de 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a partir de la iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos – Desaparecidos.
La desaparición forzada ha sido utilizada desde el Estado como herramienta política de exterminio colectivo y de disciplinamiento social, a raíz del terror que infunde en la población la incertidumbre de no saber el destino de las y los detenidos desaparecidos. Por este motivo ha sido declarada delito de lesa humanidad.
En la década del setenta, el método fue implementado sistemáticamente en nuestro país y en el resto de los regímenes dictatoriales de Sudamérica con el objetivo de desmantelar las organizaciones políticas, sindicales, sociales y estudiantiles que pudieran oponerse a la implantación del neoliberalismo como nuevo orden socioeconómico. Este plan continental, denominado “Plan Cóndor”, fue acordado y coordinado por los países del Cono Sur con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sin embargo, estas prácticas no son exclusivas de regímenes dictatoriales.
Al respecto, Mariano Fernández, secretario de Derechos Humanos de la AJB, expresó: “A pesar de haber transcurrido más de tres décadas desde la recuperación de la democracia, el Estado argentino no ha podido desterrar esta práctica. Los casos de las ausencias forzadas de Miguel Bru y Jorge Julio López, como así también la reciente desaparición por espacio de 77 días de Santiago Maldonado luego de un procedimiento realizado por Gendarmería Nacional, son casos concretos de desapariciones forzadas en democracia”.
En particular, el Poder Judicial bonaerense no sólo no ha hecho una autocrítica sobre su responsabilidad -por acción u omisión- en las desapariciones forzadas consumadas durante el terrorismo de Estado en nuestro país, sino que aún protege -manteniendo sus fueros- a magistrados imputados por no investigar el destino de personas detenidas desaparecidas, o de participar de los secuestros. Tales son los casos del juez marplatense Pedro Hooft y de los fiscales generales de Morón y Mar del Plata, Nieva Woodgate y Fernández Garello respectivamente.
“En este día de recuerdo y reflexión, desde la AJB volvemos a exigirle a la Suprema Corte, que en su rol de cabeza del Poder Judicial demuestre la voluntad de adoptar las decisiones necesarias para colaborar en el avance de los procesos de enjuiciamiento de aquellos magistrados imputados por delitos de lesa humanidad”, finalizó Fernández.
Roque Saenz Peña 352, Bernal
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