Reiterando la presentación realizada el pasado 6 de junio, la AJB formalizó ayer un nuevo reclamo al Poder Ejecutivo bonaerense exigiendo una convocatoria “para dar continuidad a las negociaciones salariales con las y los trabajadores del Poder Judicial”.
Como se recordará, ante el rechazo de la AJB de la oferta salarial –por resultar absolutamente insuficiente-, el pasado 8 de mayo el gobierno de María Eugenia Vidal suspendió de manera unilateral las reuniones paritarias que se venían llevando a cabo hasta ese momento, y decretó de forma unilateral tres incrementos de haberes a cuenta de un futuro acuerdo.
“La urgencia de retomar las negociaciones paritarias -se explica en el texto- obedece a la necesidad de revertir el deterioro salarial que venimos padeciendo las y los trabajadores judiciales desde el inicio de su gestión al frente del Ejecutivo provincial, el que se ha profundizado durante los años 2018 y 2019 como consecuencia directa de la decisión del gobierno provincial de cancelar toda posibilidad de arribar a acuerdos salariales a través de la negociación colectiva”.
Desde el gremio cuestionan el proceder del Ejecutivo provincial ya que viola la normativa vigente que ordena que los salarios y demás condiciones laborales deben acordarse en el ámbito paritario (art. 14 bis Constitución Nacional, 39.4 Constitución Provincial, Convenios 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo)”.
Cabe recordar que en los años 2016 y 2017, con esta misma administración, se firmaron acuerdos salariales que, aún en un contexto económico recesivo, posibilitaron proteger los ingresos de las y los integrantes del Poder Judicial. Pero a partir de 2018, la política salarial del gobierno provincial se basó en otorgar incrementos unilaterales y por debajo de la inflación, que provocaron una importante reducción del poder adquisitivo.
Ante la falta de convocatoria para retomar la negociación paritaria, el gremio judicial realizará un nuevo paro total el lunes 5 de agosto, y realizará asambleas el martes 6 en los diecinueve departamentos judiciales para definir la continuidad del plan de acción.