La audiencia se realizará el próximo 9 de agosto, por decisión de la jueza federal de San Martín, Alicia Vence. Allí el funcionario deberá explicar su participación en el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez -y también en el secuestro y tortura de militantes comunistas-, mientras se desempeñó como integrante de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).
En el año 2016, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) aportó documentación a las causas judiciales que dan cuenta de diecisiete intervenciones de Fernández Garello en actos de inteligencia entre los años 1978 y 1982, acciones de espionaje político y gremial e infiltración en organismos de derechos humanos, durante la última dictadura cívico militar.
La CPM puso inmediatamente en conocimiento de los hechos a las máximas autoridades de la Suprema Corte de Justicia y la Procuración bonaerense, y junto a la Asociación Judicial Bonaerense y otros organismos de derechos humanos exigieron su licencia compulsiva preventiva, e iniciaron el jury de enjuiciamiento para su destitución del Poder Judicial. Al día de hoy, ninguna de estas instancias prosperó por un claro blindaje político.
“La permanencia de Fernández Garello en sus funciones es inadmisible bajo la vigencia del Estado de derecho. Además de haber sido acusado de formar parte del esquema represivo desplegado por el terrorismo de Estado, ocultó su condición de ex agente de inteligencia en los diferentes procesos de selección que transitó para ser designado como juez de garantías y posteriormente como titular del Ministerio Público de Mar del Plata”, señaló Mariano Fernández, secretario de relaciones internacionales de la AJB.
Tucumán 1966, CABA.
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