DERECHOS HUMANOS

Emotivo homenaje a Ana María Martínez

Al cumplirse 38 años del secuestro y posterior asesinato de la obrera fabril, las y los trabajadores judiciales marplatenses realizaron una asamblea en su memoria. Vuelven a reclamar la destitución del Fiscal General Fernández Garello.

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Con la presencia de integrantes de la Comisión de Familiares y Amigos de Ana María Martínez y representantes de organismos de derechos humanos, el pasado 5 de febrero las y los trabajadores judiciales recordaron a la militante asesinada en febrero de 1982.

Ana María era una obrera fabril marplatense, militante de derechos humanos, que a raíz de la persecución sufrida se trasladó a la zona norte del conurbano bonaerense, lugar donde continuó colaborando con las víctimas de la dictadura y las y los compañeros perseguidos.

Carmen Metrovich, cuñada de Ana María, destacó que “es la primera vez que se realiza un homenaje en su ciudad natal, de la cual debió irse cuando una patota allanó su casa y recibió amenazas de muerte”, resaltando además el miedo imperante en la época y las dificultades para armar la Comisión.

Cabe destacar que el Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, se encuentra procesado por la Justicia Federal por las tareas de espionaje desplegadas en la ciudad de San Martín durante los años de la dictadura cívico militar, que derivaron en el secuestro y posterior asesinato de Ana María Martínez, y que pesa sobre él un pedido de juicio político.

Al respecto, Alberto Agote, secretario General de la Departamental Mar del Plata de la AJB, destacó “la importancia de la conmemoración a pocos días de la fecha fijada para la integración del jurado que debe entender en el juicio político a Fernández Garello, procesado por delitos de lesa humanidad”. Asimismo, Agote afirmó que “la permanencia del Fiscal General en su cargo pese a estar procesado, sólo puede explicarse por la protección política de la que goza dentro y fuera del Poder Judicial, que se concretó en la falta de quórum por la ausencia de legisladores en dos ocasiones”.

Por su parte, Federico Schmeigel, director del Programa de Fortalecimiento de los Juicios de Lesa Humanidad de la Comisión Provincial por la Memoria, realizó un pormenorizado relato de los documentos desclasificados encontrados en el archivo de la DIPPBA –de la que Fernández Garello formaba parte-, que revelaron su actuación en tareas de espionaje gremial y político, infiltraciones y otras tareas de inteligencia que fueron aportadas a la Justicia y que demuestran la persecución a los militantes de la zona de San Martín, entre ellos al grupo político en el que militaba Ana María.

Alfredo Cáceres, integrante de la Comisión, hizo hincapié en que “no hay mejor homenaje para ella que la recuerden en una asamblea de trabajadores y trabajadoras”. Por otra parte, luego de reivindicar la militancia de Ana María, reclamó a los legisladores que se presenten y hagan lo que deben hacer, denunció la protección del Procurador General Julio Conté Grand a Fernández Garello, y concluyó su intervención afirmando que “el desafío es obtener una condena de la pata policial que hizo posible el secuestro y asesinato de Ana María”.

Por último, Mariano Fernández, secretario de Derechos Humanos de la AJB, criticó duramente la actitud del Fiscal General al ser citado por la Dra. Vence a indagatoria, relativizando su actuación en la Dirección de Inteligencia al afirmar que se limitaba a documentar las acciones que allí se cometían, como un simple escribiente.

Además agregó que “la gravedad de los delitos que se le imputan justifica que no pueda seguir siendo parte del Poder Judicial y que deba ser juzgado y condenado por sus acciones”. Por último, emparentó la situación de Fernández Garello con la del Fiscal General de Morón Nieva Woodgate, explicando que ambos fueron integrantes del aparato represivo e ingresaron al Poder Judicial en democracia.

“Creemos que hay una responsabilidad política clara de la democracia y es una deuda que tiene que enmendar, que se constituya el jurado de enjuciamiento y se tome la decisión política de separar de su cargo al Fiscal General de Mar del Plata. Es inadmisible que al Poder Judicial lo integren personas que han participado del terrorismo de Estado”, finalizó Fernández.

Además de las y los trabajadores judiciales, participaron de la asamblea representantes de organizaciones sindicales, políticas y de derechos humanos, tales como la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, ATE, SUTEBA seccional Tigre, PTS, MST, Partido Comunista, Furia Feminista, entre otras. Asimismo, enviaron su adhesión la APDH; María Luisa Corlatti, de Madres Línea Fundadora; el Dr. César Sivo, abogado querellante en causas de lesa humanidad; la Federación Judicial Argentina; la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata; Eleonora Alais, de HIJOS MDP y el Dr. Martín Almada, premio Nobel de la Paz alternativo y descubridor de los archivos del Plan Cóndor en Paraguay.

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