La fecha fue instituida en memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, luchadoras por los derechos ciudadanos de las mujeres en República Dominicana y asesinadas en 1960 por la dictadura de Rafael Trujillo.
Desde 1999, cada 25 de noviembre se conmemora a nivel mundial el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, denominación que ha sufrido una transformación en los últimos años por la lucha de millones de mujeres e identidades sexuales disidentes que lograron la inclusión de lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries.
Este 25 de noviembre, bajo la consigna “Basta de Violencia Machista y Patriarcal. En América Latina Luchamos y Resistimos”, la Asociación Judicial Bonaerense convoca a marchar a Plaza de Mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concentrando a las 17 horas en Corrientes y Callao. También se convoca a participar de las movilizaciones que se realizarán en las diferentes localidades de toda la provincia.
Durante los últimos años la violencia machista ha sufrido un recrudecimiento nunca antes visto, y la cara más visible la constituyen los femicidios, transfemicidios y travesticidios que se suceden a diario a nivel mundial, realidad de la que nuestro país no es ajeno.
A ello debe sumarse la alarmante situación en que se encuentran algunos países latinoamericanos, como Chile y Bolivia, en los que con diferentes circunstancias se violan derechos humanos fundamentales y en los que la violencia recae especialmente sobre las mujeres y disidencias.
Al respecto, Débora Bertone, secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la AJB, expresó que “los Estados de Chile y Bolivia hoy se han vuelto garantes de la violación a los derechos humanos y de la violencia de género más brutal. Desde hace semanas se ha instalado la represión a la protesta, las detenciones ilegales, los abusos, las violaciones, mutilaciones y hasta la muerte de varixs luchadores”, agregando que “la solidaridad internacional, la denuncia y el repudio de los pueblos y de todo el movimiento de mujeres y disidencias es una tarea necesaria e impostergable”.
Esta violencia ejercida desde el estado, se refleja también en la implementación de las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, que impactan de manera negativa sobre la vida de los sectores populares y en especial de las mujeres y las disidencias. “Los gobiernos no destinan fondos para políticas de género, por el contrario, se encargan de vulnerar aún más los derechos de las mujeres y disidencias, bajo la influencia de los sectores más retrógrados y de las iglesias, desestiman la legalización del aborto o anulan el protocolo nacional de ILE, como lo hizo el presidente Macri recientemente”, manifestó Bertone.
Asimismo, desde la Secretaría de Géneros de la AJB resaltaron la necesidad de asignar presupuesto para la aplicación de la ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, como así también para todas las leyes relativas a la materia, tales como las leyes de patrocinio jurídico gratuito, Brisa, Micaela y de Educación Sexual Integral, entre tantas normas conquistadas que constituyen garantía de ejercicio pleno de derechos.
Por otra parte, hacia el interior del Poder Judicial, esa misma violencia se manifiesta casi a diario con numerosos casos de violencia laboral, acoso sexual y violencia de género hacia las trabajadoras judiciales.
Cabe recordar que a través de la lucha del sindicato, impulsada durante años por cientos de compañeras y compañeros, el pasado 28 de agosto a través del Acuerdo 3949 la Suprema Corte incorporó la licencia laboral por violencia de género al régimen de licencias de las y los trabajadores del Poder Judicial provincial.
“Esta es una conquista histórica de nuestro gremio para las mujeres y las disidencias. Desde su incorporación muchas compañeras se han acercado al sindicato y ha crecido exponencialmente la cantidad de consultas en relación a este tema, lo que refleja la importancia del reclamo que venía sosteniendo la AJB y la necesidad de la implementación de la licencia”, expresó Bertone.
La acordada establece una licencia para mujeres e identidades diversas o disidentes de hasta 30 días anuales, de forma continua o alternada, y prorrogable por igual término según la gravedad de los hechos denunciados. Además contempla la violencia ejercida por causa de identidad de género en los términos del Art. 2 de la ley 26.743 y consagra el respeto a los derechos laborales y a la intimidad.
Sin embargo, esta acordada no recepta una propuesta que para el sindicato es fundamental, como es la creación del área de políticas de género en el ámbito del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, con participación de las y los trabajadores, por lo que la AJB exige su implementación inmediata.
Además, la AJB continúa exigiendo la expulsión de jueces, fiscales y funcionarios judiciales que ejercen violencia de género e institucional; la implementación integral y efectiva de la Ley Micaela en el Poder judicial y el cumplimiento de su art. 4 que establece la participación de la organización gremial en su diseño y aplicación; la asistencia gratuita a las víctimas de violencia con profesionales especializados; la implementación del cupo laboral travesti-trans; el cumplimiento e implementación de la Educación Sexual Integral en todo el país; y la legalización del aborto legal, seguro y gratuito.
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#En América Latina Luchamos y Resistimos