Basta de impunidad

 

El 31 de enero de 2019, la AJB acompañó la denuncia de trabajadoras de la dependencia por gravísimos hechos de violencia de género en el ámbito laboral contra el juez José Nicolas Villafañe. La denuncia, que aún sigue pendiente de resolución, detalla de manera minuciosa los malos tratos, los gritos, las amenazas, la discriminación, la delegación de funciones y los abusos de poder perpetrados en el ámbito laboral por Villafañe, especialmente dirigidos hacia las mujeres del organismo.

A lo largo de los años, varias trabajadoras fueron trasladadas a otras dependencias a raíz de los maltratos recibidos por parte del magistrado. Entre otros hechos graves, la denuncia describe la violencia de género ejercida por Villafañe contra trabajadoras embarazadas, ocasionando daños en su salud y su situación laboral.

En uno de los casos, el diagnóstico de retardo del crecimiento intrauterino por situación de estrés laboral obligó a la trabajadora a hacer uso de una licencia por enfermedad, que luego motivó que el magistrado le negara el derecho al ascenso a un cargo de mayor jerarquía que por idoneidad y antigüedad le correspondía. Así también, le manifestó a otra trabajadora que “así no le servía”, haciendo alusión al embarazo que se encontraba cursando, y solicitando su desafectación de la dependencia por ese motivo.

Los hechos mencionados son de suma gravedad y además se dan en un contexto general de violencia y sobrecarga laboral, donde la delegación de funciones y la extensión de la jornada laboral es instalada bajo amenaza de sanciones por parte del mencionado juez. Al mismo tiempo la manipulación incluía el recordatorio a las trabajadores de que “había lugares peores” y que “gracias a el tenían trabajo”.

La dilación de la Suprema Corte para dar respuesta a las denuncias realizadas funciona como garantía de impunidad y no hace más que agravar la situación de violencia que debieron y deben seguir soportando las y los trabajadores, ya que el magistrado sigue ocupando su cargo.

En la misma línea, el hecho de que los procesos disciplinarios en esta materia transcurran sin tener como parte a las denunciantes junto al sindicato, impidiendo de esta manera la participación, el control de la prueba, y la vista del expediente en las diferentes etapas del procedimiento, constituyen una clara vulneración de los derechos consagrados en la ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres.

La AJB viene exigiendo la implementación de un protocolo para casos de violencia de género en el ámbito laboral y la modificación de los procedimientos disciplinarios con perspectiva de género. En los últimos tiempos, como consecuencia de la presión ejercida desde el sindicato, se obtuvieron algunos avances significativos como la revisión completa de procesos que habían transcurrido sin esta perspectiva, y el compromiso de modificación de los procedimientos disciplinarios en un ámbito paritario con participación del sindicato.

En ese sentido, la AJB vuelve a exigir a la y los ministros de la Suprema Corte que se aplique la normativa existente en materia de género y en este caso en particular, que se dé vista de las actuaciones contra el juez Villafañe, como así también una respuesta urgente y acorde a la gravedad de los hechos denunciados.