“A las apuradas y sin participación de lxs trabajadorxs”

Aprovechando el extendido tratamiento mediático sobre la crisis del sistema judicial, la gobernadora María Eugenia Vidal elevó a fines del mes de marzo dos proyectos de reforma con la intención de que fueran tratados “sobre tablas” en la Legislatura provincial. Este procedimiento especial prescinde del debate en comisiones, donde podrían incorporarse aportes a los proyectos. Pero las gestiones de la AJB con distintos bloques de senadores y diputados evitó una sanción a las apuradas.

Se trata de la creación de la Comisión Permanente del Mapa Judicial y la modificación del proceso de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios, dos iniciativas que según el oficialismo “permitirán contar con mayor información y supervisión sobre la labor de los jueces y fiscales, y agilizar el procedimiento judicial”.

El primero de los dos proyectos de ley otorga un carácter permanente y redefine las funciones de esa Comisión que funciona desde 2016, y cuya función principal es analizar el funcionamiento de los diecinueve departamentos judiciales de la provincia con el objetivo de “aportar información” para determinar qué dependencias y en qué fueros se necesitan crear, suprimir o modificar.

El proyecto establece una integración de la Comisión que reproduce el carácter político-corporativo de los demás organismos que intervienen en el sistema judicial, tales como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento (que prevén participación exclusiva de los poderes políticos, abogados y magistrados). La AJB reclama la inclusión de lxs trabajadorxs judiciales, así como de otros organismos e instituciones con interés y conocimiento probados que podrían enriquecer y democratizar el debate de esa Comisión.

La segunda iniciativa de Vidal plantea modificaciones a la ley 13.661, que establece el procedimiento de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial provincial. Desde el Ejecutivo sostienen que las modificaciones buscan agilizar los tiempos de los procesos.

La AJB cuestiona que el proyecto no incluya modificaciones que tiendan a democratizar y transparentar el proceso de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios, así como a otorgar un rol protagónico a la víctima en procedimientos donde se ventilen, por ejemplo, denuncias por acoso sexual o violencia laboral.

Lamentablemente, la reforma constitucional provincial de 1994 limitó la integración del jurado de enjuiciamiento a un integrante de la Suprema Corte, cinco abogados y cinco legisladores, dejando sin espacio de participación en el proceso a actores fundamentales del sistema judicial -lxs trabajadorxs- y a otras organizaciones de la sociedad civil, tales como organismos de derechos humanos, organizaciones sociales o instituciones especializadas en temas de justicia.

Pese a ello, el gremio judicial manifestó que el avance del proyecto sin debate y a puertas cerradas, obtura la posibilidad de revertir esa limitación constitucional, estableciendo previsiones para darle mayor publicidad y transparencia al procedimiento, garantizando que todas las audiencias sean públicas, que se publiquen todas las decisiones del jurado y se habilite participación de la víctima en los actos relevantes del proceso.

“La intención del Ejecutivo era tratar ambos proyectos sobre tablas para ser aprobados el mismo día en ambas Cámaras de la Legislatura, sin debate previo en comisiones”, señaló Pablo Abramovich, secretario general de la AJB.

“Sin embargo, los encuentros sostenidos por la conducción provincial del gremio con diferentes bloques de diputados y senadores reclamando la necesidad de que se abra un debate en serio con participación de lxs trabajadorxs judiciales, tuvieron como resultado que los proyectos fueran girados para su tratamiento en comisiones, donde exigimos que se escuche nuestra posición para intentar incorporar nuestros aportes”, finalizó Abramovich.

Además de los dos proyectos, las reformas al sistema judicial que Vidal pretende, contemplan cambios en el modo de selección de jueces y la creación de una escuela judicial obligatoria, modificaciones en los códigos Procesal Penal, Civil y Comercial y Contravencional y en el procedimiento del fuero laboral, que el gobierno pretende comenzar a discutir en los próximos meses.