A 43 años del golpe de Estado

Cada 24 de marzo constituye una jornada de recuerdo colectivo, pero también es una nueva oportunidad para reflexionar y recuperar que la Asociación Judicial Bonaerense no sólo brindó contención a miles de compañeras y compañeros en los momentos más críticos que vivió la clase trabajadora, sino que también fue un importante actor en la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos avasallados por los responsables de la dictadura cívico militar más sangrienta que vivió nuestro país.

El principal objetivo que tuvo la implementación del terrorismo de estado en Argentina fue el de desarticular las organizaciones populares en general y las sindicales en particular en pos de asegurar una mayor rentabilidad al capital nacional aliado al extranjero. Por ello, no es casualidad que las fuerzas de la represión estuvieran dirigidas a desaparecer a una clase entera que había logrado, a través de la organización, un cambio sustancial en la distribución de la riqueza, llegando a alcanzar una distribución por mitades entre lxs empresarixs y lxs trabajdorxs.

Durante este período, la necesidad de organizar una resistencia llevó a las organizaciones sindicales a extremar la imaginación para poder recuperar los ámbitos de reunión y así enfrentar a la dictadura. Sólo por mencionar un ejemplo, la AJB organizó las primeras Olimpíadas Judiciales como una manera de mantener los lazos de solidaridad entre compañerxs y fortalecer la organización colectiva en el ámbito del Poder Judicial.

El advenimiento de la democracia trajo consigo la necesidad de construir el proceso de Memoria, Verdad y Justicia para no olvidar el genocidio, conocer sus causas y objetivos políticos, identificar y juzgar a sus autores, buscar a lxs desaparecidxs y restituir a lxs hijxs nacidos en cautiverio. Este proceso trajo como consecuencia que cientos de miles de ciudadanxs empezaran a transitar un camino inexorable hacia la consecusión del juzgamiento de los responsables del genocidio, y enfrentar la decisión institucional de generar un consenso social de reconciliación que los dejara impunes.

Entre los sindicatos que hicieron propio ese desafío, la Asociación Judicial Bonaerense fue uno de los principales protagonistas de la defensa irrestricta de los derechos humanos avasallados, posición reflejada en el accionar de sus dirigentes y militantes.

Al respecto, Mariano Fernández, secretario de Derechos Humanos de la AJB, expresaba: “En nuestro sindicato abundan los ejemplos de dirigentes que no sólo tuvieron una actuación descollante en la defensa de los derechos humanos dentro del ámbito del gremio, sino que su pertenencia a la AJB marcó su actuación en años posteriores y en otros ámbitos”.

“Antonio Cortina, presidiendo la APDH La Plata, puso en marcha los Juicios por la Verdad; Luis Cotter encabezó en Bahía Blanca el único tribunal del país que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, a pedido de Hugo Cañón, único fiscal federal que se animó a hacerlo; y un tiempo después, Víctor Mendibil integró la delegación de la CTA que logró que el Juez Baltazar Garzón habilitara la jurisdicción universal para investigar los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura en Argentina, que permanecían impunes por la vigencia de aquellas leyes”, continuó Fernández.

“Estos principios rectores que caracterizaron la militancia de quienes nos antecedieron en la construcción de nuestro sindicato son los que debemos seguir sosteniendo en aras de fortalecer la democracia y trabajar por la materialización de los cambios necesarios para construir una sociedad más justa, tal como lo soñaban lxs treinta mil compañerxs detenidos-desaparecidos”, finalizó el responsable de derechos humanos de la AJB.

#Son 30.000

#Fue genocidio

#El Poder Judicial fue cómplice