“Exigimos su aparición con vida”

 

En la mañana del 30 de abril Facundo Castro emprendió un viaje “a dedo” desde su casa en Pedro Luro en dirección a Bahía Blanca. A partir de ese día, la familia ha intentado infructuosamente comunicarse con él, ya que su teléfono se encuentra apagado. Recientemente, tres testigos declararon haber visto ese mismo día al joven de 22 años, cuando era detenido por dos policías y subido a un patrullero en la localidad de Mayor Buratovich. Tras la denuncia de la familia, se dio inicio a una causa en la Ayudantía Fiscal de Villarino.

El proceso estuvo a cargo del fiscal Rodolfo De Lucía, de la UFI 20 de Bahía Blanca, quien a pesar de las inconsistencias y contradicciones existentes en los testimonios de los efectivos que intervinieron en la aprehensión de Facundo “por violación de la cuarentena”, la caratuló como averiguación de paradero. Así también, delegó tareas investigativas en la misma fuerza de seguridad, a pesar de la Resolución 1390/01 de la Procuración General que ordena al propio fiscal dirigir la pesquisa de hechos donde existen sospechas de estar implicados funcionarios públicos.

Ante estas irregularidades, entre las que se encuentra la omisión en la causa de la detención de Facundo, la familia realizó una denuncia penal ante la justicia federal para que se investigue la desaparición forzada y se aparte a la Policía Bonaerense, quedando la investigación a cargo de la Jueza María Marrón, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Bahía Blanca.

La Dra. Marrón ordenó el allanamiento de la subestación Policía Comunal de Mayor Buratovich; el secuestro de los libros de guardia, registros y novedades de la dependencia y de los handies utilizados por el personal policial; la incautación de los celulares de los agentes que dicen haberlo visto; como así también de la camioneta Hilux doble cabina en la cual hicieron subir a Facundo. Todas ellas medidas fundamentales que fueron tomadas luego de setenta días de producida la desaparición, pese a que ya habían sido solicitadas por los abogados de su madre y por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). La inacción de la justicia provincial llevó a la CPM a presentar una petición de acción urgente ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.

El caso de Facundo reconoce algunos antecedentes que ponen de manifiesto que prácticas propias del terrorismo de Estado siguen enquistadas en la Policía Bonaerense. La desaparición forzada de Miguel Bru y Jorge Julio López; o los más recientes como el fusilamiento” de Lucas Nahuel Verón, de 18 años, por parte de dos policías en La Matanza y la muerte por incendio del calabozo de Raúl Davila, de 22 años, en la comisaría de Chascomús, como así también el espionaje ilegal de dirigentes sociales, políticos y sindicales a través del área de asuntos internos de dicha fuerza de seguridad, permiten inferir la subsistencia de sectores que cuentan con una franquicia de impunidad que los gobiernos democráticos no pudieron o no quisieron desarticular.

El Poder Judicial debe ser un actor principal en la eliminación de estas prácticas, porque así lo impone su rol constitucional específico de investigar, juzgar y sancionar a las y los autores y partícipes de estas graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, salvo honrosas excepciones, ha sido hasta el presente corresponsable por acción u omisión, de que dichas prácticas trasciendan los gobiernos y se consoliden en una política criminal que contraría los intereses del pueblo.

Desde la AJB exigimos la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, como así también que se investiguen las circunstancias de su desaparición y el castigo a los responsables.