Voces que se alzan

La casualidad o la Providencia –según en lo que uno crea‑ me colocó el viernes último, en oportunidad de la asunción de las nuevas autoridades de la Federación Judicial Argentina, en un homenaje que se le hiciera a Luis Benencio, que probablemente sea uno de los miles y miles de militantes desconocidos.

A Luis Benencio lo conocí entre los años 1984 y 1985 ‑empezábamos con el ATE recuperado‑, cuando fuimos a investigar y estudiar los alcances de las enfermedades de los trabajadores mineros de Río Turbio. Me seguí encontrando con él en otras ocasiones, pero recuerdo sobre todo cuando nos tocó ir a declarar en el juicio que se le estaba llevando en Italia a Suárez Mason. Nos presentamos para que quedara preso por el asesinato del compañero Mastinú y de los compañeros del astillero Astarsa, que fueron perseguidos como él, y asesinados después del 24 de marzo de 1976 por la comisión de un único delito: haber tomado el astillero en 1973 al conjuro de la expectativa que significaba la vuelta al gobierno del pueblo en las manos de Héctor Cámpora y luego de Juan Domingo Perón.

El astillero fue tomado por la muerte de un trabajador en un incendio. En aquella época era natural que la construcción de cada barco en ese astillero costara una vida. Pero a partir de que los compañeros lograron crear la Comisión de Higiene y Seguridad, apoyados por aquel gran Instituto de Medicina del Trabajo del compañero Testa, que desde la Facultad de Medicina iluminó a todas las comisiones internas, no hubo un solo muerto durante tres años, como para demostrar claramente lo que decimos aquí. Aquí se habla de la necesidad de un control efectivo para que no haya muerte. Lo que vamos a discutir hoy es la muerte y los negocios, como decía anteriormente el diputado. Los negocios de las ART que no solamente facturaron 12.700 millones de pesos sino que van en camino a los 20 mil millones. Son negocios que traen muerte. Sin lugar a dudas que las muertes existen. Y me sorprende que no se discuta esto; me duele. Pero no solamente esto sucede en este ámbito, sino que también cuesta discutirlo en otros lugares, en ámbitos públicos e incluso con los compañeros. ¡Cómo no va a perturbar saber que el trabajo puede costar la vida! Se mueren cuatro compañeros por día en accidentes de trabajo y dieciséis como mínimo por enfermedades laborales. O sea que estamos hablando de veinte muertos por día, más de 7.500 por año. Aclaro que estas son cifras mínimas de acuerdo con los índices internacionales. ¡Cómo no va a doler!

Duele mucho más cuando escuchamos a la presidenta referirse al cambio de la ley que posibilitaba esta discusión. Se habla nada más que de llevar al trabajador a la necesidad de elegir entre cobrar o hacer juicio. Esto es de una perversidad tremenda. En el peor momento del trabajador accidentado o de alguien que está sufriendo la muerte de un familiar, se le exige que decida si agarra la plata o va a juicio. Además, se le promete que no le conviene ir a juicio porque le van a dar un 20 por ciento más de indemnización, como si eso fuera un mérito. Tendría que haber vergüenza y plantear claramente que no se resuelve la inconstitucionalidad. Tuvimos la posibilidad de discutir esto en las reuniones conjuntas de la Comisión de Legislación del Trabajo. Pero lamentablemente se citó a todas las entidades después de que se firmaron los dictámenes. De todas maneras, vinieron y hablaron, y por eso solicito que se incorpore al Diario de Sesiones todo lo que se dijo en esas reuniones. Hablaron, entre otros, Ricardo Cornaglia, de FACA, Luis Piasek, de la Asociación de Abogados Laboralistas, los compañeros del Grupo 14 Bis, el doctor Fernández Madrid y también habló claramente el compañero Carlos Rodríguez, que fue uno de los directores de Seguridad del Trabajo del Ministerio del Trabajo y secretario de Trabajo en el gobierno de Santa Fe. No hubo uno solo que no dijera que se iba camino a la inconstitucionalidad.

¿Qué se gana con esto, si todos dicen que es inconstitucional y que es un parche que no resuelve los problemas? Lo lamentable –y por eso no lo puedo entender- es que lo único que se logra es mantener uno, dos, tres, cuatro o cinco años hasta que se determine la inconstitucionalidad. Mientras tanto, se siguen muriendo nuestras compañeras y compañeros, siguen los accidentes y fundamentalmente siguen las ganancias de los grandes grupos económicos en el sector financiero.

No me voy a referir –porque me da vergüenza ajena- a lo que significa este guiño que se hace a las mutuas, como diciendo que acá hay un negocio posible para los sindicalistas o sindicatos que quieran “arreglar”. Ya ha quedado demostrado lo que son las mutuas en España y en Chile. Acá también les dieron el negocio de las AFJP a muchos sindicatos, y prontamente fueron subsumidos por los sectores financieros. “No más parches”, decían. Y está claro que no hay que poner más parches.

Por eso yo siento orgullo aun en esta instancia porque estamos discutiéndolo; nos dieron una posibilidad y los trabajadores vamos a abrir la brecha.

Agradezco a Claudio Lozano que hace tiempo presentó un proyecto, y también a los diputados Alicia Ciciliani, Graciela Villata y Horacio Piemonte, que firmaron el dictamen que estoy informando y posibilitaron este debate. Pero mucho más agradezco a los compañeros que durante años fueron construyendo desde su conocimiento un proyecto de ley, como Horacio Meguira, del Observatorio Jurídico, el ISLyMA de Córdoba o tantos otros que han efectuado sus aportes, demostrando que frente al negocio y la muerte se puede tener un proyecto de solidaridad y vida. Se trata de recuperar para el Estado la seguridad social ‑algo tan sencillo como eso‑ por medio de un banco de seguros de accidentes de trabajo y enfermedades laborales para terminar con esto de dejar a la mitad de la clase trabajadora sin cobertura.

Este proyecto nada dice de los 8 millones de trabajadores que quedan afuera y que deben ser cubiertos con una política clara de prevención y reparación de daños: trabajadores rurales, trabajadoras domésticas, trabajadores de las penitenciarías, los autogestionados, los que están en pasantías educativas.

Hay que abrirse a entender y resolver el problema de la prevención y la reparación, lo cual se logra muy fácilmente con cuatro instrumentos.

Primero, una oficina nacional de seguridad y salud laboral; es necesario tener una planificación, un análisis, una estadística, un estudio epidemiológico laboral, en suma, una cultura de la prevención.

Segundo, una comisión nacional de seguridad y salud laboral que sea capaz de asesorar al Ministerio de Trabajo, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires y a todas las regiones.

Tercero, un banco de seguros de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. La idea es volver a tener un banco público que sea claramente posible. Alguna vez tuvimos un Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilaciones y Pensiones. No es algo raro, sólo del Primer Mundo; los compañeros uruguayos tienen el Banco de Seguridad del Estado ‑han tomado para ellos el monopolio de la gestión‑ o el Banco de Previsión. Claro, hemos aprendido con lo de las AFJP y vamos a hacer como los uruguayos. Sí, lo vamos a hacer así: vamos a dar participación plena para que sea un banco público con manejo del gobierno y no una caja del gobierno, con participación de los trabajadores y los empresarios. Hemos aprendido de la desvergüenza que tiene el señor Bossio, el director de la ANSES, que cobra más de 50 mil pesos por mes pero paga 1.839 pesos a más de 4 millones de jubilados, usando la plata que nosotros aportamos para hacer negocios y no para servir a sus verdaderos y legítimos dueños.

Por supuesto proponemos comisiones médicas que puedan resolver las contradicciones de las enfermedades, y hasta dejamos abierta la posibilidad de que vayan a la justicia laboral.

Estamos hablando de derechos constitucionales e internacionales que tienen que ser consagrados y defendidos, como el derecho a la información, a la consulta, a la participación de los trabajadores, delegados de prevención en cada empresa votados por los trabajadores sin importar su afiliación sindical. La prevención salva vidas, como lo vimos en Astarsa y en otros miles de ejemplos que podríamos mencionar.

Hay que perder el miedo a la libertad y la democracia sindical. Hay que enfocar la luz en el sector del trabajo. (Aplausos.)

Da pena que según las estadísticas oficiales el 84 por ciento de las empresas privadas no tienen delegado. Hace treinta años que recuperamos la democracia y donde se genera la riqueza todavía no hay una auténtica democracia. Tal vez tengamos que recuperar los comités mixtos de riesgo del trabajo como existen en Santa Fe o en la provincia de Buenos Aires en el área de salud.

Hay que animarse a llevar adelante una discusión sobre democratización, y por eso hay que ir a fondo: responsabilidad solidaria para las empresas que llevan a contratistas y subcontratistas a no cumplir. Recuerdo al compañero Daniel Solano, desaparecido y asesinado. Fue encontrado después de un año, ¿saben dónde? En Expofrut, empresa que subcontrataba y no cumplía con ninguna norma; cuando alguien levantaba la cabeza había castigo.

Es hora de abrir el espacio hacia una reparación integral que garantice el derecho a reclamar con toda claridad.

Después de haber escuchado a los compañeros de la Comisión de Legislación del Trabajo y a los que concurrieron posteriormente a la audiencia, a ninguno se le ocurriría no defender la competencia de la Justicia ordinaria laboral, ya que es el tribunal natural donde deben discutirse estos diferendos.

Es cierto que hay cuestiones lamentables. Discutir hoy esta iniciativa en el marco de un Congreso vallado no era mi objetivo. Si me hubieran dicho que íbamos a debatir sobre los derechos de los trabajadores con el Congreso vallado, no lo habría creído. (Aplausos.) Sin embargo, tengo esperanzas. Se equivocan en el motivo; lo vallan por temor al debate. En el corto tiempo que estoy aquí, aprendí algunas cosas. No tengo ingenuidad; siempre supuse que había poder, pero hoy entiendo que hay mucho más del que creía. Estamos hablando de la vida y de la muerte de los compañeros trabajadores. ¡Vaya si no podíamos resolverlo! Hay más poder, pero también menos debate del que pensaba.

Mi esperanza es que aquí afuera están mis compañeros de la CTA encabezados por Pablo Micheli, los compañeros de la CGT de Hugo Moyano, los trabajadores autogestionados y de las cooperativas que se movilizan para producir este debate.

No debemos tener miedo al debate. Esa movilización, ese apoyo que se está construyendo, sin lugar a dudas alimenta mi esperanza de que vamos a resolver el problema a favor de la gente. Tardaremos uno, dos o cinco días, pero tarde o temprano tendremos que discutir sobre la vida y la continuidad de nuestros conciudadanos.

Porque trato con mucho respeto a todos, no quiero decir cosas diferentes a las que expreso afuera. Me he acostumbrado a mantener una coherencia. En la marcha del 13 de septiembre, en la que presentamos el proyecto que hoy venimos a defender y a proponer, terminé diciendo que me daba mucha alegría que muchos levantaran el nombre de nuestro compañero –para mí un amigo, un hermano‑ Germán Abdala. ¿Quién puede dudar de la conducta, la idoneidad y la fortaleza que tuvo Germán para plantarse en la década del 90 y pelear contra las privatizaciones?

Me enorgullece que lo hagan desde distintos pensamientos partidarios. Ninguno, y menos yo, podría defender lo que piensa partidariamente escudándose en los dichos y la actuación de Germán Abdala. No es mi característica. Aspiro a que aprendamos de su ejemplo. Quienes pretenden referenciarse con él, deben saber que cuando llegó el momento más difícil de su vida en los años 90 y tuvo que elegir entre la disciplina partidaria y la disciplina de clase, no dudó ni un momento y eligió la disciplina de clase, y fue bandera para enfrentar la política de los 90.

Por eso, y lo digo con toda claridad, debemos tomar ese ejemplo con profundidad. Afirmo –como pensaba él, que era consecuente- que los diputados de hoy no están votando la ley del futuro, están votando igual que lo hacían los diputados en los años 90: negocio y muerte, y nosotros votamos en contra porque queremos solidaridad y vida.