“Una falacia mayúscula”

 

El miércoles pasado el Colegio de Abogados de San Isidro, en un comunicado relacionado con la resolución de la Suprema Corte que dispone la creación del Registro de domicilios electrónicos, afirmó que la medida es “una respuesta a los pedidos de los Colegios de Abogados para mitigar el efecto de la falta de colaboración por parte de las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones”.

Tal afirmación podría calificarse de desafortunada, si no se inscribiera dentro de una actitud de descalificación y menosprecio de la labor de las y los empleados y funcionarios judiciales que vienen llevando a cabo sistemáticamente algunos colegios de abogados de la provincia, y que se vio recrudecida desde el inicio de la pandemia por los reiterados reclamos de la conducción del Colegio provincial tendientes a normalizar el funcionamiento judicial, lo que tuvo consecuencias directas en medidas que incrementaron seriamente el riesgo para la salud y la vida de las y los trabajadores judiciales y sus familias, la de sus propios representados y representadas, y del público en general.

En este caso en particular, el Colegio de Abogados no sólo desconoce las condiciones en que desde hace muchos años vienen desarrollando sus tareas las y los trabajadores de las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones -condiciones que han sido denunciadas en infinidad de ocasiones por la AJB- sino que además califica maliciosa e irresponsablemente como “falta de colaboración” al cumplimiento de las resoluciones emanadas por las autoridades nacionales y provinciales y de la Suprema Corte, tendientes a proteger la salud de la comunidad en su conjunto.

“Repudiamos los dichos del Colegio de Abogados de San Isidro, en primer término porque menoscaba la relación que las y los matriculados construyen con las y los trabajadores de las Oficinas Mandamientos y Notificaciones cotidianamente, y además porque se trata de una falacia mayúscula que desconoce derechos laborales fundamentales”, expresaron desde la Asociación Judicial Bonaerense.

“Durante toda la extensión de la pandemia, muchas compañeras y compañeros siguieron realizando las diligencias que notificaban resoluciones de carácter urgente, dentro de las posibilidades limitadas que impone la emergencia sanitaria, poniendo en riesgo para ello su salud y la de sus familias. Esperamos que dicha institución rectifique sus dichos, en pos de aunar esfuerzos para construir una justicia democrática y al servicio del pueblo”, finalizaron.