Un presupuesto que no resolverá los problemas del Poder Judicial

 

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo muestra a las claras cuáles son las prioridades del gobierno provincial y cuáles son los sectores que verán mermada la intervención estatal. Entre estos últimos se destaca una fuerte caída en términos reales de las partidas destinadas a infraestructura y a políticas sociales, mientras que por el contrario la partida que más crece es el pago de intereses de la deuda provincial.

Tan solo para citar algunos ejemplos, el gasto destinado a los ministerios de Salud y Trabajo crece en torno al 30%, es decir muy por debajo de la inflación, mientras que las partidas correspondientes al Instituto de la Vivienda o a Vialidad se reducen en términos nominales. Por su parte, el monto destinado al servicio de la deuda pública se duplica con relación al 2018, siendo uno de los pocos, sino el único rubro, que escapa al ajuste de las cuentas públicas.

En este contexto, el presupuesto del Poder Judicial se mantiene relativamente estable, tanto en relación al 2018 como en su participación respecto del total provincial. En efecto, se registra una leve reducción de esa participación (que pasa del 4,67% del presupuesto total en 2018 a 4,60% en 2019), mientras que el incremento nominal  se sitúa en valores similares a la inflación (del orden del 45% en términos anuales).

De esta manera, en el mejor de los casos podría esperarse que no se continúe profundizando el deterioro de su funcionamiento, mientras que no se advierte ninguna iniciativa tendiente a resolver los problemas estructurales que actualmente se originan en la falta de asignación de recursos. En otras palabras, los obstáculos que enfrenta la población bonaerense para recurrir al Poder Judicial y la precariedad de las condiciones laborales que atravesamos los trabajadores y trabajadoras judiciales no encontrarán en este presupuesto ningún elemento de mejora para el corto plazo.

La existencia de problemas estructurales que afectan el funcionamiento del Poder Judicial es reconocida por la propia Suprema Corte, cuando año tras año destaca que siguen registrándose déficits en la infraestructura, organismos aprobados por ley que no se ponen en funcionamiento, falta de nombramiento de personal, y una brecha salarial con el Poder Judicial Nacional que está lejos de morigerarse. Estas cuestiones no sólo afectan a los trabajadores y trabajadoras judiciales, sino que también se trasladan a la totalidad de la población bonaerense.

Así, como consecuencia de estos problemas los procesos judiciales se prolongan innecesaria e injustificadamente, dificultando el acceso a mecanismos de protección que suelen afectar en mayor medida a los sectores más vulnerables de la provincia. Ello puede observarse, entre otros ámbitos, en la situación crítica que enfrentan los fueros laboral y de familia, así como también la defensa pública en el ámbito penal.

El mantenimiento del presupuesto del Poder Judicial en términos relativamente estables, aún en un contexto donde gran parte de las áreas ligadas a la inversión pública y al gasto social sufrirán fuertes recortes, tampoco implicará que no se agraven los problemas que hemos citado.

En efecto, realizando una mirada retrospectiva de mediano plazo puede observarse que si bien la asignación total de recursos se ha mantenido relativamente estable, al mismo tiempo han crecido levemente la cantidad de trabajadores y trabajadoras, y en mayor medida la cantidad de causas que deben ser analizadas.

Posiblemente los ejemplos más extremos se encuentren en el fuero laboral y en el fuero de familia. En el primero de ellos la cantidad de causas se ha incrementado un 60% entre 2011 y 2017, mientras que la cantidad de trabajadores y trabajadoras tan sólo ha crecido un 18%. Por su parte, las causas del fuero de familia crecieron un 34% entre 2015 y 2017, mientras que entre los mismos años la cantidad de trabajadores y trabajadoras del fuero solo lo hizo un 11%.

En otras palabras, las mayores necesidades de la población bonaerense de contar con mecanismos de protección de derechos han sido sostenidas fundamentalmente por una mayor intensificación del trabajo de los y las integrantes del Poder Judicial, con el consecuente deterioro en nuestra salud.

Asimismo, cabe agregar que en la evolución en el mediano plazo del presupuesto destinado al Poder Judicial también puede observarse una creciente “punitivización”, en tanto las partidas que más se incrementan son aquellas destinadas al Ministerio Público, y dentro de él hacia las fiscalías en detrimento de las defensorías o de otros espacios de resolución alternativa de conflictos o contención de las víctimas de delitos.

Desde la Asociación Judicial Bonaerense manifestamos nuevamente nuestro rechazo al presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura provincial. Se trata de un presupuesto que profundizará el ajuste sobre los sectores más vulnerables de la provincia, impactando en el gasto social y en materia de infraestructura pública.

Y en ámbito del Poder Judicial, profundizará la precarización laboral de sus trabajadores y trabajadoras, a la vez que se alejará un poco más de la resolución de los problemas estructurales que siguen aquejando y limitando el funcionamiento de este poder del Estado.