Un Poder judicial patriarcal

 

El pasado miércoles debía comenzar el juicio oral y público contra Martín Eduardo Alfaro por el abuso sexual de su hija, en el Tribunal en lo Criminal N°1 de Azul. Sin embargo, el debate fue pospuesto por tercera vez luego de once años de una ardua batalla judicial de la madre de la víctima para llegar a esta instancia.

Originariamente, la denuncia recayó en la ayudantía fiscal a cargo de la hermana del acusado. La causa fue archivada y ello motivó que se debieran agotar todas las instancias judiciales locales y provinciales para lograr que la Suprema Corte tomara una decisión contraria a su cierre y se lograra la convocatoria a juicio oral, que por diferentes razones volvió a posponerse.

“Este caso reafirma la ausencia de perspectiva de género en la respuesta institucional que brinda el Poder Judicial a la denuncia de delitos de esta naturaleza, que lejos de avanzar hacia un cambio positivo refuerza su matriz machista y patriarcal”, denunció Débora Bertone, secretaria de Géneros de la AJB.

La demora en el juzgamiento de Alfaro pone nuevamente al Poder Judicial en el centro de atención de la opinión pública por la gravedad del hecho investigado y por todos los obstáculos que atravesaron y atraviesan en la actualidad la víctima y su familia a partir del momento que realizaron la denuncia. Debieron sobreponerse al suicido del tío materno de la niña -deprimido por efecto de la ausencia de respuesta judicial- y recientes amenazas de muerte que motivaron la asignación de custodia policial permanente. La demora del trámite no solo garantiza la impunidad del acusado sino que también niega a la víctima y su entorno una medida reparatoria a través del juicio y la condena a Alfaro.

Pero Azul no es un isla en la administración de justicia: situaciones como estas se producen en todos los departamentos judiciales de la provincia. Basta recordar la sentencia por el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata o la negativa del Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Azul a la lectura pública del veredicto –presencial o virtual- en el proceso en que se juzgaba a Omar Rojas por delitos que configuran violencia de género y que recién tomó impulso cuando la AJB expulsó a Rojas de su cargo representativo gremial y le quitó la condición de afiliado al sindicato.

Aun así, pese a la demora de cinco años para llegar finalmente a una condena, en el caso de Rojas se debe destacar que el Tribunal realizó una justa valoración de las pruebas, con perspectiva de género, otorgando una gran relevancia a la palabra de la víctima y cuestionando duramente la actuación de la defensa por desarrollar una argumentación basada en prejuicios.

“Esperamos que la respuesta que finalmente dio el Poder Judicial en la condena a Omar Rojas sirva de guía en el caso de Alfaro, como así también que represente el comienzo de un cambio de época en la política criminal y no sólo un hecho excepcional. El Poder Judicial debe erradicar los patrones culturales de violencia de género y garantizar sentencias que sean reparatorias para las víctimas”, finalizó Bertone.