“Un Poder Judicial en deuda con la Democracia”

 

“La Noche de las Corbatas” fue el nombre con el cual los militares identificaron al secuestro ilegal de un grupo de abogados, sus parejas y trabajadorxs de sus estudios jurídicos. Integran la lista de víctimas Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alaiz, Camilo Ricci, Carlos A. Bozzi y Tomás J. Fresneda, María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda -quien se encontraba embarazada de cuatro meses-, Néstor Enrique García Mantica, su esposa María Esther Vázquez de García, José Verde (ex secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense Mar del Plata) y su esposa. De todxs ellxs, aún permanecen desaparecidxs Centeno, Candeloro, Arestín, Alais y Fresneda; como así también Argañaraz de Fresneda, Vázquez y García Mantica.

Estos secuestros fueron perpetrados, en su mayoría, entre el 6 de julio y la madrugada del 13 de julio de 1977, y todas las víctimas permanecieron detenidas en el Centro Clandestino de Detención “La Cueva”, ubicado debajo de un viejo radar en la base aérea militar de Mar del Plata, donde fueron sometidas a crueles torturas.

La colaboración del Poder Judicial con la Junta Militar durante la última dictadura se refleja en el rechazo sistemático de los hábeas corpus que interponían familiares de detenidxs desaparecidxs. En el caso de la provincia de Buenos Aires, esta complicidad fue mucho más evidente, ya que la propia Suprema Corte de Justicia recomendó a lxs magistradxs bonaerenses -a través de la resolución del 13 de junio de 1977, dictada e en Expte. Administrativo 3001-18806/11- abstenerse de requerir informes a las dependencias de las Fuerzas Armadas o de Seguridad sobre el destino de personas detenidas-desaparecidas.

El devenir de la democracia trajo consigo la garantía de impunidad de muchxs de lxs magistradxs de aquel momento oscuro de nuestra historia, a quienes en su mayoría ratificaron en sus cargos. Otro ejemplo de aquella garantía de impunidad lo constituye en la actualidad las trabas a la apertura del juicio político al ex agente de inteligencia de la policía bonaerense -hoy Fiscal General del Departamento Judicial Mar del Plata- Fabián Fernández Garello.

Si bien los militares responsables de “la noche de las corbatas” fueron juzgados y condenados, todavía se encuentra pendiente de juzgamiento la responsabilidad penal que le cupo al juez a cargo de la investigación de la misma, Pedro Hooft, actual titular del Juzgado en lo Correccional N°4 de Mar del Plata. Hooft se encuentra imputado por la comisión de delitos de lesa humanidad, atento a haber rechazado los hábeas corpus presentados en favor de Centeno, Candeloro, Alais, Verde y Fresneda y no haber investigado sus detenciones ilegales y posteriores  desapariciones.

También el actual ministro de la Suprema Corte, Eduardo Pettigiani, siendo titular del Juzgado Federal de Mar del Plata omitió dar respuesta al hábeas corpus interpuesto en favor de Salvador Arestín, según declaró su hermana Pilar en los Juicios de la Verdad de la ciudad balnearia.

“Estas situaciones marcan a las claras la deuda que tiene la Democracia y el estado de Derecho con las víctimas del terrorismo de estado y sus familiares, como así también con toda la sociedad argentina”, expresó Mariano Fernández, secretario de Derechos Humanos de la Asociación Judicial Bonaerense. “No puede haber un Poder Judicial democrático mientras continúa integrado por magistradxs que ejercieron durante de la última dictadura militar, y que refugiados en sus fueros persisten en sus cargos decidiendo sobre la vida, la libertad y el patrimonio de todas las personas”, finalizó Fernández.

Como síntesis, es oportuno recordar la contundente declaración del Dr. Rodolfo Díaz, ex Presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, cuando afirmó que “… algunos jueces de la época militar incurrieron en la comisión de delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que lamentablemente en democracia recibieron acuerdo de las autoridades constitucionales… Lo más grave y reprochable de estos magistrados es que no hicieron lo que podían hacer, como quedó evidenciado respecto de la actuación del Dr. Pedro Hooft en el caso Candeloro. Esta actitud de los jueces es más grave que las leyes de obediencia debida y punto final”.

¿Será Justicia?