Un paso más hacia la justicia

 

Declarando inadmisible el recurso de queja interpuesto por la Provincia de Buenos Aires, el 1º de abril la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la sentencia de la Suprema Corte de la Provincia que en octubre de 2011 declaró la inconstitucionalidad de los decretos y leyes de 1991 que suspendieron la aplicación de la ley de enganche.

El secretario General de la AJB, Hugo Blasco, manifestó que “la decisión de la Corte nacional reconoce una vez más que los judiciales bonaerenses teníamos razón en nuestro reclamo. Ahora está en manos de la Suprema Corte completar este proceso, efectuando la liquidación de las diferencias salariales que corresponden al aplicar esa sentencia”.

Hasta fines de 1991, la ley 11.017, conocida como ley de enganche, establecía la equiparación de los salarios de los Ministros de la Suprema Corte de la Provincia con los de la Corte Suprema nacional. A su vez, el sistema de porcentualidad salarial plasmado en la ley 10.374 implantaba una proporción entre los salarios de cada unos de los niveles del Poder Judicial provincial y el del Presidente de la Suprema Corte de la Provincia. La articulación de estas normas garantizaba que cualquier aumento salarial dispuesto por la Corte federal se aplicaba automáticamente a los haberes de los judiciales bonaerenses.

Para evitar la aplicación de un aumento salarial dispuesto por la Corte Suprema de la Nación, el entonces gobernador de la Provincia, Antonio Cafiero, emitió en septiembre y octubre de 1991 dos decretos de necesidad y urgencia suspendiendo la aplicación de la ley 11.017

La AJB en ese entonces presentó una demanda de inconstitucionalidad de los decretos mencionados, así como de las leyes 11.195 y 11.196 que pretendieron convalidarlos.

Con el fallo bajo el brazo, en los próximos días el gremio reiterará ante la Suprema Corte provincial el pedido de liquidación de diferencias y adecuaciones salariales resultantes de aplicar la sentencia de la Suprema Corte efectuado en octubre de 2013.