Ya no hay ninguna excusa para no aplicar la Ley de Servicios de Comunicación Auiovisual en su totalidad, sobre todo en lo relacionado con el 33 por ciento del espectro radioeléctrico reservado a las organizaciones libres del pueblo.
El fallo de la Corte Suprema pone punto final a la judicialización de cuatro de los 166 artículos de la ley y zanja cualquier impedimento para poner en marcha en plenitud la norma sancionada en 2009 en respuesta a un generalizado reclamo de los trabajadores de la cultura y la comunicación para derogar la Ley de Radiodifusión de la dictadura, firmada por los genocidas Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz.
La CTA, firmante de los 21 Puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004, respalda el sentido antimonopólico de la ley para promover que la palabra circule libremente, haya pluralidad de voces, su contenido sea federal, democrático y participativo y el sujeto de la actividad, el trabajador, pueda ejercer su labor con absoluta libertad de conciencia.
Exige, además, la inmediata legalización de los medios pertenecientes a las organizaciones sin fines de lucro, a quienes la ley les concede el 33 % del espacio radioeléctrico, derecho que no se puede ejercer, en tanto y en cuanto la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual (AFSCA), no ha cumplido con su obligación de establecer el Plan Técnico que hace viable la concesión de licencias a los medios comunitarios. Mientras las empresas capitalistas apelan al pasamanos de la tercerización de licencias a cargo de familiares y amigos para “adecuarse” a la ley y los medios públicos siguen siendo el botín de guerra de los gobiernos de turno, el sector de la comunicación popular pugna, hasta ahora con escasos frutos, por tener voz propia.
Al tiempo que celebramos el fallo de la Corte Suprema, ratificamos la necesidad de que la AFSCA sea un organismo autónomo del Poder Ejecutivo; no se dilate la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública y se democratice la Pauta Publicitaria Oficial en los tres niveles del Estado.
Tucumán 1966, CABA.
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