Un pacto criminal

 

En 1975 se produjo un pacto criminal entre los países dictatoriales del Cono Sur de América Latina para el intercambio de información de inteligencia. La información requerida era la relación nominal de ciudadanos considerados “subversivos” o de actitud o pensamiento opositor, especialmente entre sectores educativos, culturales, artísticos, sindicales. El resultado fueron decenas de miles de torturados y asesinados, muchos de los cuales aún constan como desaparecidos.

El entonces Secretario de Estado Henry Kissinger, ordenó literalmente su lanzamiento sobre la población civil de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Uruguay  y Paraguay  con el terrible saldo de más de 100.000 víctimas mortales, en su gran mayoría líderes sociales. El Cóndor se puso en marcha el 25 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile.

En su libro “Los años Cóndor. Cómo Pinochet y sus aliados llevaron el terrorismo a tres continentes”, John Dinges afirma que a la reunión constitutiva asistieron y firmaron el acta de compromiso: el capitán de Navío Jorge A. Casas (Argentina), el mayor Carlos Mena (Bolivia), el general Manuel Contreras (Chile),  el coronel José A. Fons (Uruguay) y el general Benito Guanes Serrano (Paraguay). La delegación brasileña no firmó el Acta porque no estaba de acuerdo en cometer los crímenes políticos fuera de la región. A partir de 1976 Brasil se integró al Proyecto.

Indudablemente la construcción de la Memoria, Verdad y Justicia requiere no sólo de nuestro recuerdo sino de nuestra acción en pos de determinar cual fue rol que le cupo al Poder Judicial y determinar su responsabilidad política y penal por acción u omisión.

Una verdad que salió a la luz

El 14 de noviembre de 1992, el Dr. Martín Almada presentó una solicitud de Hábeas Data, la primera de ese tipo en la historia de Paraguay, ante el juzgado de Primera Instancia en lo Criminal, del Juez José Agustín Fernández. Era el paso definitivo de la salida a la luz de la Operación Cóndor.

Treinta y ocho días después, fue allanado el Departamento de Producciones de la Policía, situado en la localidad de Lambaré, a 4 km. de Asunción, donde el nombrado Juez Fernández halló los documentos a los que se denominaría “Archivo del Terror”, descubrimiento fruto de más  de 15 años de paciente investigación por parte del Dr. Almada, luego de haber sufrido detención, tortura, la muerte de su esposa, confiscación de sus bienes y un largo exilio.

Estos archivos  –entre 3 y 4 toneladas de documentos secretos- permitieron demostrar que fueron los EEUU de Norteamérica, los que, en el marco de la Guerra Fría, establecieron en Paraguay y en toda la región la doctrina de la Seguridad Nacional. Es decir, inspiraron la política, formaron y entrenaron a los torturadores, facilitaron instrumentos de tortura y enviaron técnicos especializados al efecto.

Entre otras cosas, los documentos contienen fichas de detenidos, informes confidenciales, peticiones de búsqueda de personas, declaraciones indagatorias e informativas, controles a partidos políticos de la oposición, a sindicatos y a grupos estudiantiles, escuchas telefónicas, informes de vigilancia domiciliaria, documentos de identidad y notas varias al Jefe del Departamento de Investigaciones.

En la actualidad la documentación se encuentra microfilmada y digitalizada, lo que permite su consulta e impresión. Estos datos fueron utilizados en las causas en las cuales se juzgaron y condenaron a autores de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del plan Cóndor en nuestro país.