Si bien en la despedida Alak refiere a la estrecha amistad que mantenía con el ex funcionario de la dictadura, indudablemente su manifestación trasciende el ámbito privado cuando la realiza un alto funcionario público, en un medio masivo de comunicación e invocando su condición de Ministro del Poder Ejecutivo.
Expresiones de esta índole constituyen una afrenta al proceso de Memoria, Verdad y Justicia que como política de estado debe promover el gobierno que integra. Una política pública que viene precedida de una larga historia de lucha de los organismos de Derechos Humanos, organizaciones sindicales y sociales, entre otras, que permitieron desterrar la impunidad institucional habilitando el juzgamiento y condena a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país durante la última dictadura cívico-militar.
Respecto de Abel Blas Román, en los Juicios por la Verdad llevados a cabo por la Cámara Federal de La Plata quedó claramente demostrado que el ex intendente de La Plata fue el responsable de la compra de ataúdes para sepultar en calidad de NN los cuerpos de las víctimas de la represión en el cementerio de dicha ciudad. Es decir, que su accionar formó parte del engranaje necesario para consagrar impunidad al genocidio perpetrado durante esos años.
Al día de hoy, sesenta y cuatro de esos cadáveres pudieron ser identificados gracias a la labor realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense, a partir de la denuncia de la Madre de Plaza de Mayo Adelina Dematti de Alaye, plasmada en su libro “La marca de la infamia”.
La despedida institucional a un funcionario civil de la dictadura por parte de un ministro del poder Ejecutivo es incompatible con la vigencia del Estado democrático y emite a la sociedad un mensaje peligroso, cargado de un fuerte simbolismo de impunidad.
Además de la continuidad del proceso de juzgamiento de las y los responsables de los crímenes de lesa humanidad, el sostenimiento del proceso de Memoria, Verdad y Justicia requiere desterrar cualquier reivindicación pública de militares o civiles partícipes del genocidio, así como la destitución de quienes aún hoy ocupan puestos en el Poder Judicial y otros estamentos del Estado.
La AJB repudia el accionar de Julio Alak y exigirá de manera formal al Gobernador de la provincia una retractación pública. Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso cotidiano con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en nuestro país.