Un fallo salpicado de sospechas

 

El pasado 18 de septiembre, la Sala II de la Cámara Federal de Casación de la Nación anuló el procesamiento del fiscal general de Mar del Plata Fabián Fernández Garello, en la causa que se le sigue por la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar en nuestro país. El fallo se dictó con los votos de Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, y la disidencia de Alejandro Slokar.

Vale recordar que Fernández Garello había sido procesado por la Dra. Alicia Vence por la privación ilegal de la libertad y tortura de tres militantes del partido comunista en el año 1981, decisión que junto a la de la elevación a juicio oral fueron confirmadas por la Cámara Federal de San Martín.

Entre los argumentos utilizados por Mahiques y Yacobucci para anular el procesamiento, éstos entendieron que el procesamiento dictado contra Fernández Garello carece de fundamentación suficiente, atento que no se realizó una evaluación integral de los elementos de la causa, y se sustentó sólo en fórmulas legales y fundamentos aparentes prescindiéndose de valorar cuestiones esenciales.

Resulta llamativo que Yacubucci y Mahiques realicen un riguroso juicio de certeza sobre la imputación del Fiscal General marplatense como si evaluaran la cuestión en una sentencia definitiva. Por el contrario, en esa instancia sólo se realiza un examen de probabilidad suficiente para determinar si el proceso debe avanzar al debate público, tal como ocurre con el procedimiento penal de cualquier persona que, sin apoyo político y judicial, enfrenta una sospecha de haber sido partícipe de la comisión de un delito.

Como bien señala Slokar en su voto, este fallo se contrapone al criterio sentado por la Corte Suprema nacional en materia de delitos de lesa humanidad, por el cual el Estado Argentino debe investigar, juzgar y sancionar a las y los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y abstenerse de adoptar cualquier tipo de medida que obstaculice o disuelva la posibilidad de reproche, y sigue perpetuando la permanencia en el Poder Judicial de la democracia a magistrados seriamente sospechados de la comisión de delitos de lesa humanidad.

Cabe preguntarse si esta decisión no forma parte del potente entramado de protección política y judicial que sostiene a Fernández Garello en su puesto pese a las graves acusaciones que pesan sobre el magistrado. Las sospechas apuntan a Carlos Mahiques –uno de los integrantes del voto mayoritario-, quien se desempeñó hasta 2016 como Ministro de Justicia de María Eugenia Vidal y cuya alianza política impidió a través de la ausencia reiterada de sus legisladores la apertura del jury de enjuiciamiento que debía resolver el pedido de destitución del fiscal general impulsado por la AJB y un conjunto de organismos de derechos humanos.

Hasta el día de la fecha, el Jurado de Enjuiciamiento que debe tratar el pedido de juicio político contra Fernández Garello no pudo sesionar por las faltas injustificadas de legisladores de las fuerzas políticas Cambiemos y Frente Renovador.