“Trabajar en el Poder Judicial pone en riesgo nuestra integridad física”

 

El pasado miércoles, en horas de la tarde, se desprendió una parte importante del cielorraso y la luminaria de una de las oficinas del Juzgado de Paz Letrado de la ciudad de Ramallo, cayendo los escombros sobre el escritorio de un trabajador y el resto del mobiliario.

Además de esa oficina, se pudo constatar que el problema con el techo se replicaba en otros despachos de la dependencia, poniendo en riesgo la integridad física de las y los trabajadores que desarrollan sus tareas en el organismo.

Al respecto, Analía Maiztegui, secretaria General de la Departamental San Nicolás expresó que “al tomar conocimiento de la situación, nos hicimos presentes en el Juzgado a primera hora del día jueves, a fin de poder realizar una primera evaluación del problema. A partir de esta constatación dialogamos con las y los compañeros judiciales a fin de decidir colectivamente las acciones a seguir, determinándose el retiro de las y los trabajadores del lugar de trabajo hasta tanto se dictaminara si existía riesgo de un nuevo desprendimiento”.

Luego de una primera evaluación, la Delegación local de Arquitectura determinó la intervención de un ingeniero para realizar una evaluación integral del edificio, la que se concretó el día viernes. A partir de las recomendaciones del profesional se dispuso el apuntalamiento del techo de varias oficinas y la desocupación del despacho de la Secretaría.

Cabe destacar que el inmueble ocupado por el Juzgado de Paz es, como ocurre habitualmente a lo largo y ancho de la Provincia, un edificio alquilado que se encontraba en proceso de adquisición por parte del Poder Judicial desde hace varios años, proceso que fue suspendido a partir de este suceso. Previamente a este siniestro, muchos de los arreglos que requería la dependencia se fueron posponiendo a la espera de concretar la adquisición del inmueble, provocando situaciones como la ocurrida.

“Esta no es la primera vez que se produce un desprendimiento del techo. Hasta ahora hemos tenido la suerte de que no caiga encima de ninguna persona. Es la Suprema Corte, en su condición de empleador, la responsable de garantizar nuestra salud, y por tanto la hacemos responsable de cualquier daño que puedan sufrir las y los trabajadores como consecuencia de la falta de inversión en el mantenimiento de los edificios en que trabajamos”, finalizó la secretaria General de San Nicolás.

La AJB reclama desde hace varios años tanto al Ejecutivo provincial, como a la Suprema Corte y la Procuración, una solución integral a los graves problemas de infraestructura que padece el Poder Judicial. Hasta el momento ese reclamo no ha tenido una respuesta adecuada, por lo que se continúa poniendo en riesgo la salud e integridad física de las y los trabajadores judiciales.