Suspenden a Nieva Woodgate por complicidad en delitos de lesa humanidad

 

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistradxs de la Provincia de Buenos Aires resolvió admitir las acusaciones formuladas contra el Fiscal General del Departamento Judicial de Morón, Federico Guillermo Nieva Woodgate, y con ello dar un paso fundamental hacia su destitución a raíz de su participación en la comisión de delitos de lesa humanidad.

A partir de esta decisión Nieva Woodgate fue suspendido en sus funciones, y tal como establece la legislación vigente ya no podrá renunciar a su cargo y se embargará el 40 por ciento de su sueldo hasta que se dicte resolución final sobre su destitución.

Durante la última dictadura cívico militar, Nieva Woodgate estuvo al frente del Juzgado Penal Nº 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, siendo uno de los tantos magistrados que rechazó sistemáticamente los hábeas corpus presentados a favor de las y los detenidos desaparecidos.

En el caso particular que motiva su enjuiciamiento, se le imputa haber permitido el traslado ilegal que derivó en las torturas y posterior fusilamiento del militante Ángel Alberto Georgiadis por parte de las fuerzas armadas, y luego no haber obrado para averiguar las circunstancias del deceso estando el detenido bajo su tutela. También se lo acusa de no haber denunciado las torturas padecidas por Goergiadis luego de haberle tomado declaración indagatoria en la sede del penal, pese a que el detenido tenía claros signos en su cuerpo de haberlas sufrido. Finalmente, se le imputa “al menos haber facilitado el lugar de detenciones ilegales en comisarías de su jurisdicción durante los años de la represión.

Georgiadis se encontraba detenido desde 1975 a disposición del PEN, fue trasladado desde la la Unidad Penitenciaria Nº 9 de La Plata al Regimiento 7 de Infantería del Ejército -durante la última dictadura funcionó como centro clandestino de detención, tortura y muerte de al menos un centena de personas perseguidas por su ideología política- para interrogarlo, en donde luego fue torturado y fusilado. El cuerpo de Georgiadis fue entregado a sus familiares por el Coronel Presti –Jefe del Regimiento-, informándoles que se había suicidado y Nieva Woodgate nada hizo para investigar las circunstancias de su muerte.

Cabe recordar que también pesa sobre Nieva el procesamiento por su participación en la detención y posterior desaparición de la compañera judicial María Elena Peters, proceso que tiene a la AJB como querellante y en cuya investigación interviene el juez federal Daniel Rafecas.

Este caso se suma al del y actual Fiscal General de Mar del Plata Fabián Fernández Garello -ex agente de inteligencia de la DIPPBA –Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires-, como del también juez marplatense Pedro F. Hooft, que tienen sobre sí procesos penales en trámite por delitos de la misma naturaleza y continúan en funciones.

La AJB viene sosteniendo hace décadas que el genocidio producido en la Argentina durante la última dictadura militar no hubiera podido llevarse a cabo sin la complicidad del Poder Judicial, y que la permanencia en funciones de magistrados imputados por su participación en la perpetración de delitos de lesa humanidad constituye una deuda de la democracia.

“No es posible avanzar hacia una democratización del Poder Judicial -aseguró el secretario de Derechos Humanos de la AJB, Mariano Fernández-, ni concebir un real Estado de derecho, mientras sigamos teniendo como magistrados a personajes nefastos como Nieva, Hooft o Fernández Garello”.