Ante las noticias que se difundieron el día de ayer, en medios nacionales, en relación a las demoras para otorgar fechas de evaluaciones periciales en un caso de repercusión pública, la Comisión de Peritos de la AJB expresa su más enérgico repudio por considerarla inexacta, tendenciosa y con el objetivo de presionar a las profesionales y depositar la responsabilidad de la precarización del sistema de justicia en las compañeras peritos.
Desde hace muchos años, venimos denunciando una política sistemática de ajuste que sufre el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires en general y el sector peritos en particular que se expresa en la ausencia de cobertura de cargos vacantes, en la falta de creación de nuevos cargos para poder dar respuesta a la demanda de atención sobre las diferentes formas de violencias que ha crecido de manera exponencial y que se responde cada vez con menos personal, a las malas condiciones laborales y salariales, a la falta de reconocimiento profesional y de desjerarquización pericial, entre otras. La satisfacción de estas demandas, largamente desoídas por la Suprema Corte y la Procuración General, resultan imprescindibles para brindar una adecuada intervención profesional que garantice los derechos de quienes requieren del sistema de justicia, pero sin afectar los derechos laborales de las y los trabajadores. Por el contrario, se han incrementado los relatos de peritos que realizan un plus de esfuerzo para cumplir con la demanda excesiva, incluso fuera de sus horarios laborales, soportando presiones constantes para responder más rápido, con el alto costo que esto tiene en la salud, llevándonos a un inevitable proceso de desgaste, aumentando la cantidad de licencias por enfermedad y de renuncias.
La falta de nombramientos para afrontar la demanda y las pésimas condiciones laborales de los profesionales, son exclusiva responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y de la Procuración General y bajo ningún punto de vista puede recaer esa responsabilidad en las y los peritos.
Expresamos nuestra solidaridad con las compañeras de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de San Isidro por el lamentable momento que están atravesando y por haber sido expuestas públicamente con sus nombres y apellidos sabiendo el riesgo que implica dicha exposición para quienes trabajamos con violencias. Hacemos saber que el colapso laboral en que nos encontramos las y los peritos no se subsana con un reacomodamiento de agendas, ni con postergar las vacaciones o trabajar más horas, sino con la respuesta de fondo que exigimos desde hace años. Pedir que se reacomoden las agendas implica pedir que otra persona que está a la espera de la atención tenga que ser postergada, dando lugar a privilegios que desde esta Comisión de Peritos no avalamos. Recordamos que la demora en la pericia no obstaculiza la toma de decisiones lógicas de acuerdo a la gravedad del hecho.
Por último, destacamos que, la situación planteada no es un problema de un departamento judicial en particular sino que es el reflejo de lo que ocurre en toda la Provincia de Buenos Aires y en todos los fueros, que esta apremiante falencia se viene denunciando hace años y que en esta ocasión solo sale a la luz porque se trata de un caso mediático, pero es la realidad cotidiana de las y los trabajadores peritos y de la población que concurre en busca del servicio de justicia.
Exigimos se cubran los cargos que están vacantes y se creen nuevos cargos y nuevas dependencias para dar respuesta a la necesidad de la población.
Las y los peritos repudiamos la abyección de convertirnos en el chivo expiatorio del sistema que padecemos y denunciamos.