Solidaridad con el pueblo chileno

“Vendieron a los privados nuestra agua, luz, gas, educación, salud, jubilación, medicamentos, nuestros caminos, bosques, el salar de Atacama, los glaciares, el transporte. ¿Algo más? ¿No será mucho? No queremos un Chile de algunos pocos”. Las palabras del capitán de la selección de fútbol trasandina, Claudio Bravo, sintetizan claramente el origen del conflicto social y la movilización popular, y apuntan al corazón del modelo de Estado neoliberal chileno.

Un modelo admirado por muchos políticos por su orden institucional, económico y social, erigido por el marketing en el ejemplo a imitar por el resto de Latinoamérica. Un modelo que no es ejemplo de nada. Así lo demostraron más de un millón de compatriotas en las calles de Santiago, reclamando al presidente Piñera por el fin de la desigualdad social y exigiendo la puesta en marcha de profundas reformas sociales en la marcha más multitudinaria producida en ese país desde el retorno de la democracia.

Uno de los logros del inequitativo Estado chileno es un Poder Judicial “eficiente” y “eficaz” -particularmente el fuero penal-, deslumbrando a magistradas y magistrados argentinos y de la región por la celeridad del proceso punitivo, que viajaron especialmente a ese país para interiorizarse sobre el funcionamiento del sistema judicial. Actualmente, muchas de las reformas judiciales impulsadas en nuestro país toman como modelo al sistema chileno.

Las detenciones arbitrarias, las ejecuciones sumarias y las torturas que padece el pueblo chileno en su conjunto, no hubieran sido posibles con un Poder Judicial que se afirme como garante de derechos humanos esenciales para la vigencia plena de la democracia y el estado de derecho, tales como el derecho a la vida, el estado de inocencia, el debido proceso, la defensa en juicio y la libertad de expresión.

Sin embargo, la novedad la constituye la intervención del ejército en la represión del conflicto social, que tanto en Chile como en nuestro país responde a una redefinición estratégica del rol de las Fuerzas Armadas tomada a nivel continental en la reunión de Ministros de Defensa realizada en 1995 en la ciudad estadounidense de Williamsburg. Como parte de ese proceso regresivo en materia de derechos humanos, el presidente Macri habilitó la colaboración de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior mediante la firma del Decreto 683/18.

No podemos dejar de ver una analogía entre el rol que jugó el Poder Judicial argentino durante la dictadura cívico militar con el que jugó durante el régimen pinochetista en Chile, y que se mantiene hasta la actualidad.

Cabe resaltar que el sistema judicial trasandino fue incapaz de sentar en el banquillo al General Augusto Pinochet por su responsabilidad en la comisión de delitos de lesa humanidad, y que además permitió que en la práctica el actual presidente Sebastián Piñera permaneciera prófugo luego de vaciar el banco de Talca en 1982, cuando era un “exitoso” empresario.

Ante este escenario adverso para la mayoría del pueblo chileno, que salió a la calle a ponerle un límite al ajuste eterno, las y los trabajadores judiciales expresamos nuestra solidaridad, condenamos la represión y repudiamos la calificación de enemigo interno a un pueblo que se manifiesta en defensa de sus derechos.