Los términos “parto respetado” o “parto humanizado” hacen referencia al respeto de los derechos de las personas gestantes, las y los bebés y sus familias en el momento del nacimiento, promoviendo el respeto a las particularidades de cada familia y el acompañamiento a través de la toma de decisiones seguras e informadas.
El parto respetado no se relaciona exclusivamente con prácticas no convencionales durante el embarazo y el nacimiento, sino con garantizar los derechos de la persona gestante y el bebé. Una cesárea elegida por una madre debidamente informada del procedimiento y sus posibles consecuencias, también puede ser un parto humanizado.
En nuestro país esta práctica se encuentra protegida por dos leyes de avanzada: la ley de Parto Humanizado (25.929), que enumera los derechos de madres, padres y bebés al momento del nacimiento; y la ley de Protección Integral a las Mujeres (26.485), que describe a la violencia obstétrica como una de sus formas cuando se vulneran los derechos enunciados en la ley 25.929.
Entre los derechos garantizados por dicha ley, se pueden mencionar:
– El respeto a los tiempos biológicos y psicológicos del trabajo de parto.
– El evitar prácticas invasivas innecesarias.
– El derecho a la información y al consentimiento sobre las intervenciones médicas.
– El trato digno y respetuoso de la intimidad y las características de cada familia.
– El derecho al acompañamiento y al contacto inmediato y la no separación de la persona recién nacida respecto de la gestante.
A su vez, establece que las obras sociales y entidades de medicina prepaga deben brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas en la Ley, que se encuentran incorporadas de pleno derecho en el Programa Médico Obligatorio.
“No podemos dejar de reconocer que el avance de la medicina ha sido de gran importancia para la salud pública y para evitar las muertes tanto de las personas gestantes como de recién nacidos y nacidas. La denuncia de la violencia obstétrica o la pronunciación por el parto respetado no significa estar en contra de la medicalización del parto cuando ello es necesario. El problema aparece cuando estas intervenciones excepcionales se vuelven rutinarias, como sucede en la actualidad”, señaló Débora Bertone, secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la AJB.
“En la Semana Mundial del Parto Respetado es importante recordar los derechos que consagra la Ley Nacional 25.929 y las obligaciones que estipula para el sector de salud, tanto público como privado y para el Estado. Como así también, que el respeto a las necesidades y derechos de las personas gestantes y sus bebés deben garantizarse en cualquier situación, incluso en la implementación de las medidas de cuidado y prevención por el Covid-19”, finalizó Bertone.
Parto y patriarcado
Históricamente la asistencia al parto estuvo en manos de mujeres, las llamadas “matronas”, que se ocupaban de acompañar este proceso. Durante la Edad Media, la Iglesia se apoderó del saber de las matronas, condenándolas a la persecución y la hoguera, la llamada “caza de brujas” de los siglos XV y XVII.
A partir del siglo XIX, el parto se vuelve una práctica de la que se ocupan esencialmente la medicina y los médicos, mayoritariamente varones. El parto entonces pasó a tratarse de manera similar a una enfermedad y a ser objeto de intervenciones médicas en ocasiones excesivas, que dejó de lado muchas de las necesidades de las familias, y en el que las decisiones de la mujer pasaron a un segundo plano alejándola del parto natural.
En 1985, del encuentro organizado por la Organización Mundial de la Salud en Fortaleza (Brasil) surgió la declaración “El nacimiento no es una enfermedad”, dando inicio a un proceso de transformación del proceso de atención.
En los últimos años, de la mano de los movimientos feministas surgió un nuevo paradigma de atención, el parto humanizado, que promueve el respeto a los tiempos fisiológicos naturales del cuerpo de la mujer y evitar prácticas médicas que no sean estrictamente necesarias.