“Se puede decir que no”

 

La AJB Bahía Blanca, realizó un acto de protesta y repudio en Gorriti y Vieytes, sede del Ministerio Público Fiscal, para denunciar la persecución al dirigente Néstor Alende, sancionado por negarse a cumplir una orden inconstitucional de su superior y fiscal general, Juan Pablo Fernández.

“Se puede decir que no, acá la obediencia debida no existe, cuando algo es ilegítimo no tenemos que agachar la cabeza y cumplirlo, tenemos que denunciar, hay muchos compañeros sumariados, hay fiscales e instructoras sumariadas”, dijo Alende.

El secretario general departamental, Víctor Solomón, explicó que “la sanción notificada a Néstor Alende -que ya ha sido recurrida- fue dictada por la procuradora fiscal (María del Carmen Falbo). Comenzó en 2008 pedida por el fiscal general Juan Pablo Fernández que manifestaba que Alende no acata una resolución, la 52, que en su función como asistente social, además de hacer el informe le pedían hacer fotografías del lugar”.

La queja llegó a la Corte y el máximo órgano judicial de la provincia en una resolución del 27 de febrero de 2013 la desestimó. Para ello, consultó al Colegio de Asistentes Sociales provincial -institución que informó la inconstitucionalidad del pedido de Fernández- y a una experta universitaria.”Sin embargo, la procuradora retoma el tema y sanciona al trabajador con treinta días de suspensión sin haberes”.

Solomón destacó otro atropello: Alende es vicepresidente del Congreso Provincial de la Asociación Judicial Bonaerense y primer vocal de la Comisión Directiva Provincial. “La ley de Asociaciones Profesionales advierte que para desafectar a un dirigente sindical se tiene que hacer el desafuero y acá no se ha hecho”, finalizó.

Por su parte, el titular provincial de la AJB, Hugo Blasco, aseguró que “observamos con mucha preocupación lo que ha pasado con el compañero Alende y otros compañeros que están acá también, que son víctimas de un accionar sistemático del Ministerio Público de toda la provincia contra los trabajadores que adquiere una especial fuerza en algunos departamentos judiciales. Es una política sistemática de persecución, de amedrentamiento, de violencia laboral, de desconocimiento de la carrera judicial y de los derechos más elementales”.

“El de Alende es un caso clarísimo de persecución gremial. La resolución, salvo respecto de la fotografía, sigue vigente. Con lo cual cuando leemos el fallo de la Corte, desestimando la denuncia del fiscal general, lamentablemente no hay como contrapartida ni siquiera un apercibimiento contra Fernández que se toma atribuciones que no tiene y que pretende avanzar sobre derechos laborales y los derechos humanos de las personas que son encuestadas por los trabajadores sociales, peritos del Poder Judicial”, afirmó.