“Se debe erradicar la violencia laboral en el Poder Judicial”

 

La AJB y la Comisión Provincial por la Memoria hicieron pública la denuncia por violencia laboral efectuada por la entidad sindical contra la titular del Juzgado de Ejecución N°1 de Mercedes, Marcela Otermin. En la denuncia se describen además diversas irregularidades que ponen en riesgo el control de legalidad del cumplimiento de la pena impuesta a personas privadas de la libertad.

La conflictiva actuación de Otermin fue abordada por la Secretaría de Personal, la Subsecretaría de Control de Gestión, la Dirección General de Sanidad y la Dirección de Resolución de Conflictos de la Suprema Corte de Justicia. Por su parte, la magistrada se encuentra imputada en la IPP N°2915 en trámite ante la Unidad Fiscal Especializada en delitos de Corrupción de Dolores, por la presunta comisión de los delitos de falsificación ideológica de instrumentos público agravada por la calidad de funcionaria pública en concurso real, en el marco de la causa iniciada en 2016 por la evasión de prisión de los hermanos Lanatta, cuya persecución y posterior captura en la provincia de Santa Fe tuvo en vilo a la opinión pública nacional y motivó el reciente pedido de juicio político realizado por la Procuración General bonaerense.

En el ámbito estrictamente laboral, la actuación de la jueza requiere una investigación en los términos de la ley 13.168 -violencia laboral-. La solución de Otermín para contrarrestar las deficiencias estructurales del fuero de Ejecución Penal ha sido organizar el trabajo interno del juzgado realizando una delegación sistemática de sus funciones mediante una asignación personalizada del despacho de expedientes a las y los empleados y funcionarios del juzgado, sin criterios jurídicos y administrativos razonables.

La descalificación permanente, el destrato funcional y el maltrato personal han traído como consecuencia el cambio de sitio de labor de 29 personas, de las cuales 18 han invocado razones de salud pertinentemente convalidadas por la Dirección General de Sanidad. Sólo por mencionar algunos ejemplos, ha tratado a las y los funcionarios “de cobardes y perversos” por su desempeño con el juez que la subrogaba mientras estuvo de licencia; ordenó que oficios dirigidos a una funcionaria de la Defensa Pública la mencionaran como “la funcionaria de menor jerarquía de la Defensoría Oficial…”; tildó de “delincuentes de cuello blanco” a empleados y empleadas que usaban la fotocopiadora para la obtención de copias de expedientes necesarias para el trámite de los mismos y envió causas para su despacho a una empleada que gozaba de una licencia por maternidad.

En su función como magistrada, Otermin hacía constar su presencia en actas de audiencias a las cuales no asistía, demoraba en revisar los proyectos de resolución de libertades de entre veinte días o un mes, y en varios casos hasta dos o cinco meses. También ordenaba no remitir injustificadamente las causas en vista al Fiscal para demorar el dictado de resoluciones en situaciones procesales que a priori ameritaban otorgar los beneficios contemplados en la ley de ejecución penal. Demora que se reflejó también en la firma de resoluciones con fecha antedatada.

Roberto Cipriano García, Secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, calificó a estas prácticas como “violatorias de los más elementales derechos humanos de las personas privadas de la libertad” a disposición de la magistrada y que motivaron que su titular Adolfo Pérez Esquivel suscribiera la denuncia administrativa junto al Secretario General de la AJB, Pablo Abramovich.

Finalmente, tanto el Secretario Gremial de la AJB, Agustín García, como el Secretario de Derechos Humanos, Mariano Fernández, coincidieron en la necesidad de erradicar la violencia laboral de las dependencias judiciales y exigieron la rápida instrucción del sumario disciplinario por parte de la Subsecretaría de Control Disciplinario. Así también, dada la gravedad de la situación, exigieron que la Suprema Corte disponga la licencia compulsiva de Marcela Otermín y remita las actuaciones al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios para promover su destitución por violencia laboral y mal desempeño.