Las y los peritos de los fueros de Familia y de Justicia de Paz no sólo deben soportar un excesivo cúmulo de trabajo, sino que además se les encomiendan tareas no inherentes al ejercicio de su profesión.
Si bien desde hace años se percibe un incremento exponencial en la cantidad de expedientes sobre protección contra la violencia familiar que ingresan a los juzgados de Familia y a los juzgados de Paz, desde que comenzó la pandemia esto se agudizó. Según denunciaron desde la Comisión de Peritos del gremio “a partir de la Resolución SC Nº 214/21, los y las integrantes de los equipos técnicos han visto nuevamente recargado su trabajo dado que se les ha encomendado la realización de los seguimientos de las medidas cautelares dispuestas mediante las renovaciones automáticas en un plazo de tiempo acotado que ha llevado a algunas y algunos peritos a extender la jornada habitual de trabajo, realizando tareas hasta altas horas del día y durante los fines de semana, para dar respuesta en los plazos que dicho seguimiento fue requerido”.
Agregando además que incluso algunos juzgados han convocado a las y los profesionales a realizar guardias los fines de semana para llevar a cabo entrevistas en aquellas situaciones que son consultadas desde las comisarías a través del celular de turno de las dependencias.
En ese sentido aclararon que “los y las titulares de las dependencias tienen atribuciones para disponer medidas protectorias en las denuncias por violencia familiar, aún si las circunstancias impiden contar con los informes periciales”.
Desde la Comisión de Peritos también denunciaron que últimamente los equipos técnicos han sumado más tareas ya que les están solicitando que den cumplimiento al Art. 14 de la ley 14.509 de Protección Contra la Violencia Familiar, en una clara delegación de funciones que la ley asigna a las y los magistrados, que son quienes deben controlar la eficacia de las medidas y decisiones adoptadas.
“Vemos que se está encomendando a las y los peritos tareas que no se corresponden con la función pericial específica, como ser la notificación a las partes de aspectos procesales, resoluciones y/o peticiones de jueces y asesores, reclamos de informes y/o presentaciones a instituciones cuando no responden a los oficios judiciales, llamados telefónicos a las partes para corroborar o solicitar datos que no constan en los expedientes y que no hacen a la evaluación pericial, carga de datos en los sistemas informáticos, entre otras tareas”, señalaron desde la Comisión.
“Las y los peritos hemos visto acrecentado nuestro trabajo en los últimos años y no hemos contado con la designación de profesionales que permita dar respuesta a la demanda de trabajo existente, generando una sobre exigencia perjudicial para quienes llevan adelante estas tareas”.
Y agregaron que debido a la realización de tareas mayormente remotas dispuestas por las normas sanitarias vigentes, “las intervenciones requieren de un lapso mayor de tiempo para llevarlas a cabo, máxime teniendo en cuenta las particularidades del trabajo con situaciones de violencias y de las limitaciones tecnológicas, tanto de la intervención en sí como de las partes intervinientes en el proceso”.
También remarcaron que a las y los peritos no les corresponde llevar a cabo tareas de control, corroboración, constatación y/o verificación de disposiciones judiciales dado que no se encuentra dentro de las posibilidades de quienes trabajan con la subjetividad de la población asistida y no es parte de su función realizar tareas administrativas o suplir las tareas de notificación.
Ante esta situación, la Comisión de Peritos de la AJB exige:
● Que se cumplan las normativas vigentes que regulan la jornada laboral de seis horas del personal de los equipos técnicos, recordando que no existe la guardia después de las 14 horas y los fines de semana.
● Que se respeten las incumbencias profesionales específicas en cuanto a la designación de tareas y pedidos de intervenciones.
● Que la solicitud de intervenciones se realice considerando los criterios de necesidad y urgencia, a fin de poder priorizar aquellas situaciones que sí requieren de la intervención pericial para la determinación de acciones a seguir.
Por último, los y las peritos expresaron que a pesar de que “todo el fuero de Familia y de Justicia de Paz se encuentra colapsado, ello no implica que se deba recargar a determinados sectores para poder dar respuesta a la demanda. Construyamos entre todas y todos las alternativas posibles para enfrentar el desafío actual desde el respeto y el cuidado”.