Repudio de la AJB a la destitución del Juez Luis Arias

 

En el día de ayer, con el voto mayoritario del diputado massista Jorge D’Onofrio, el presidente de la Suprema Corte bonaerense -Eduardo Pettigiani- junto a los cinco representantes de los abogados, el Juez Luis Arias fue destituido de su cargo. En tanto, los legisladores Pablo Garate del Frente Renovador y Santiago Révora, de Unidad Ciudadana, votaron en contra de esa resolución.

Indudablemente, que Arias haya impedido con sus resoluciones descuentos por días de paro aplicados a trabajadorxs estatales, que haya obligado al Estado empleador a llevar adelante negociaciones colectivas en el ámbito del empleo público, haber investigado y denunciado el número real de víctimas de la inundación que azotó a la ciudad de La Plata durante el 2013, que haya suspendido desalojos colectivos en Gorina y Abasto o impedido la implementación automática de tarifazos en servicios públicos, le valieron este jury de enjuiciamiento que finalmente lo destituyó de su cargo.

“Las decisiones judiciales que fue adoptando Arias dejan en claro qué derechos privilegió defender el juez, como así también quiénes son los beneficiados con su destitución. Esta decisión es congruente con el rechazo de apertura del proceso de enjuiciamiento impulsado contra el Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello por la Comisión Provincial por la Memoria, la AJB, la FJA, y organismos de derechos humanos por la comisión de delitos de lesa humanidad”, señalaron desde la AJB.

Decisiones como la adoptada ayer por el Jurado de Enjuiciamiento evidencian el modelo de Justicia elitista que se pretende consolidar y corroboran la opinión del gremio judicial durante el reciente proceso de reforma de la ley de enjuiciamiento, cuando sostenía la necesidad de transparentar y democratizar el procedimiento de enjuiciamiento de magistrados.

En aquél posicionamiento la AJB señalaba también la necesidad de que el Estado argentino cumpla con las obligaciones asumidas al suscribir la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción en torno a aumentar la transparencia, promoción y estimulación de la contribución de la ciudadanía en procesos de adopción de decisiones institucionales como ésta, y estimular la participación de organizaciones no gubernamentales en los mismos, en aras de democratizar la justicia y poder romper así el divorcio existente entre ésta última y la sociedad.

De lo contrario, la balanza de la señora de ojos vendados continuará asegurando que los ganadores sean siempre los más poderosos, y la Justicia quedará cada vez más lejos.