Repudio a la represión en la planta de Pepsico

A partir de la orden de desalojo impartida por la Dra. Andrea Rodriguez Mentasty, los trabajadores y las trabajadoras que se encontraban tomando pacíficamente la planta de Pepsico, fueron duramente reprimidos por la gendarmería y la policía.

Una vez más, la justicia -como uno de los tres poderes del Estado-, prioriza el derecho a la propiedad sobre el derecho de rango constitucional de todos los habitantes a la preservación de su integridad física y el derecho al trabajo.

Como todo derecho, tiene como consecuencia directa la obligación de la otra parte, en este caso el Estado. En este desalojo, no sólo no se garantizó la integridad física de quienes ocupaban la planta, sino que se omitió considerar que se trata de un conflicto laboral derivado del despido de más de seiscientos trabajadores y trabajadoras, que intentaban impedir el retiro de la maquinaria y preservar así su fuente de trabajo.

“Nadie piensa qué pasa con cada trabajador que pierde su empleo en un contexto de desocupación y subocupación como el que se vive hoy en la Argentina. No sólo se ve afectada su vida personal, y la de su familia directa. El cierre de una planta también repercute en la economía local y regional, generando un efecto exponencial que hace que no sean sólo las seiscientas familias de Pepsico las que se vean afectadas”, expresaron desde la AJB.

“Ante los miles de despidos que se vienen sucediendo a lo largo del año, el Estado, a través de sus tres poderes, sólo encuentra como respuesta la represión de quienes se manifiestan pacíficamente. Repudiamos este accionar represivo del Estado y exigimos el cese inmediato de la persecución a los trabajadores y la criminalización de la protesta”, agregaron.

Además la AJB se solidarizó con estas familias con una acción concreta, como es el aporte económico al fondo de huelga, que se hizo efectivo en el día de ayer, a partir de la decisión unánime del congreso provincial celebrado el pasado viernes 7 de julio.-