Una vez más, las fuerzas de seguridad estatales, en este caso la Gendarmería, son utilizadas para reprimir manifestaciones legítimas de militantes populares. La represión desatada ayer en la Panamericana y ruta 197 es una demostración acabada.
Desde el Gobierno y todo el coro oficialista y opositor mediático, hacen hincapié en la interrupción del tránsito, el derecho a circular y todos los inconvenientes que acarrean los cortes de calle. Sin embargo ninguno dice cuál es el motivo real de la medida porque están de acuerdo con la sentencia de la Cámara Oral Criminal de Caleta Olivia, Santa Cruz, que condenó a cadena perpetua a los trabajadores petroleros Inocencio Cortez, José Rosales y Hugo González.
En un proceso viciado, acusan a los trabajadores por la muerte del policía Jorge Sayago durante un duro conflicto llevado adelante por trabajadores petroleros contra el impuesto a las ganancias y por aumento salarial.
Tampoco hablan de la manipulación de pruebas, torturas físicas y psíquicas que sufrieron los trabajadores y los testigos, reconocidas hasta por los fiscales y jueces.
Sin lugar a dudas las sentencias pretenden operar como disciplinadoras sociales y se suman a los más de cinco mil procesos abiertos contra compañeros por luchar en defensa de los derechos e intereses populares.
Repudiamos la represión de la Gendarmería y advertimos que lamentablemente a treinta años de la reinstauración del sistema constitucional, día a día se va acrecentando el poder represor estatal y paraestatal a través no sólo de la represión física sino también con las tareas de espionaje y seguimiento sufridas por militantes populares.
Es por esto que desde la AJB exigimos la absolución de los compañeros condenados en Las Heras y el cese de la represión y persecución a luchadores sociales.
Tucumán 1966, CABA.
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