Rechazo a la privatización de la Justicia

 

El pasado viernes se llevó a cabo la reunión del sector de trabajadores y trabajadoras de las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones y Juzgados de Paz, quienes habían sido convocados para debatir la estrategia gremial frente al avance de la Suprema Corte sobre la tarea que desarrollan mediante el dictado del Acuerdo 4013.

La preocupación por el dictado de dicha norma, que aprueba un nuevo reglamento para el régimen de notificaciones, generó una de las convocatorias con mayor participación de estos últimos años. La reunión se inició con un informe detallado por parte de integrantes de la conducción provincial de la AJB, donde se puso el foco en la importancia de organizarnos como sector para frenar la implementación de ciertos aspectos de la acordada que evidencian la voluntad de la Suprema Corte de avanzar hacia la privatización de aspectos sustanciales del proceso judicial.

Cabe aclarar que con la creación de la figura del telegrama electrónico y la extensión de la intervención del abogado ad hoc operada por el Acuerdo 4013 se pretende camuflar como innovación tecnológica algo que dista de serlo: se trata lisa y llanamente de notificaciones en papel y dirigidas a domicilios físicos. De consolidarse esa norma, notificaciones fundamentales para el adecuado desarrollo del proceso –como por ejemplo el traslado de la demanda- podrán ser “tercerizadas” a través del servicio de una empresa privada o de abogados y abogadas de la matrícula, en reemplazo de una tarea que hasta el momento viene realizando personal judicial especializado y responsable en su carácter de fedatarios públicos, bajo reglas estrictas y con control de la Suprema Corte.

De allí que las modificaciones impuestas por el Acuerdo 4013, sin perjuicio de no contar con habilitación legal, sumergen en una profunda incertidumbre las garantías de imparcialidad, confiabilidad y seguridad de las notificaciones que el debido proceso requiere, vulnerando el derecho de defensa en juicio y profundizando la desigualdad en el acceso a la justicia en perjuicio de los sectores más vulnerables.

“Lo que en los hechos genera este nuevo régimen es un sistema de notificaciones express para el que pueda pagarlo (por ejemplo en la justicia comercial o materia de daños y perjuicios) y un sistema de notificaciones de segunda clase, desfinanciado y más lento, para el que no tenga los recursos suficientes (en juicios laborales o procesos de familia). Una justicia para ricos, que no pierde tiempo en las notificaciones, y otra para pobres, donde los tiempos de las notificaciones dependerán del escaso presupuesto que la Corte asigne para las y los notificadores“, expresaron desde la Comisión Provincial de Mandamientos y Notificaciones de la AJB.

Desde esa perspectiva, la AJB no puede dejar de señalar su preocupación y rechazo por medidas que profundizan la enorme brecha en el acceso a la Justicia en nuestra provincia, desconociendo las asimetrías económicas y sociales existentes entre los distintos sectores que participan en los procesos judiciales.

En esa línea debe ponerse en análisis las condiciones en que se garantizará el acceso a la justicia de las personas con derechos vulnerados que reciban una notificación a través de una empresa privada que no brindará orientación alguna, y que para acceder al contenido de una demanda judicial deberá contar con una serie de recursos materiales y simbólicos de los que una gran parte de la población se encuentra privada.

Cabe mencionar en este punto que la AJB no se opone a la implementación de avances tecnológicos que permitan acelerar los procesos judiciales, tales como las notificaciones instantáneas a domicilios electrónicos. Por el contrario, nuestro sindicato viene reclamando participación efectiva en los procesos de diseño de esas transformaciones, para garantizar –a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos años- que su desarrollo se adecue a las necesidades reales de las dependencias judiciales y permita aliviar de manera efectiva la enorme sobrecarga laboral que pesa sobre las espaldas de las y los empleados y funcionarios judiciales.

Frente a esta iniciativa, la AJB reclamará a la Suprema Corte la jerarquización de las Oficinas y Delegaciones de Mandamientos y Notificaciones con la dotación de los recursos materiales y del personal suficiente para garantizar notificaciones confiables y en tiempo oportuno para el conjunto de la población.

Luego de un extenso debate y riquísimos aportes a partir de la experiencia concreta de decenas de compañeros y compañeras que día a día realizan la tarea a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires, se resolvió:

a) Exigir a la Suprema Corte una convocatoria urgente para debatir los cambios necesarios a la normativa cuestionada,

b) Realizar un documento público expresando los motivos del rechazo de la implementación del Acuerdo 4013 en los aspectos señalados, que será suscripto por las y los trabajadores del sector de toda la provincia para expresar el rechazo ante la Suprema Corte.

c) Convocar a todas y todos los trabajadores judiciales de la provincia firmar a través de una convocatoria digital en solidaridad con las y los trabajadores del sector y en rechazo al proceso de privatización de la Justicia.

d) Realizar una campaña de difusión pública para visibilizar la gravedad de la medida dispuesta por la Suprema Corte en perjuicio de las garantías procesales y la igualdad de acceso a la justicia.