Como organización sindical comprometida con la defensa de los derechos humanos, advertimos que cualquier iniciativa legislativa en esta materia debe ser abordada con extrema responsabilidad, contemplando el impacto que puede generar sobre el acceso a la justicia, especialmente para quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
En este sentido, de aprobarse el proyecto, estaríamos ante un posible supuesto de violencia institucional, en tanto el propio Estado podría generar condiciones que limiten o desalienten el ejercicio de derechos, con proyecciones que incluso pueden extenderse al ámbito laboral y profundizar situaciones de violencia.
Nos preocupa profundamente que el endurecimiento de las penas por denuncias consideradas falsas pueda convertirse en un factor de desaliento para quienes atraviesan situaciones de violencia, en particular mujeres y diversidades, que históricamente han debido enfrentar múltiples barreras para ser escuchadas y creídas. En un contexto donde la violencia de género continúa siendo una problemática estructural, desalentar la denuncia no es un efecto neutro: implica reproducir desigualdades preexistentes y reforzar el silencio, el miedo y la revictimización.
Cabe señalar, además, que este tipo de iniciativas no se inscriben en un vacío legal. Las denuncias falsas dolosas ya cuentan con previsión normativa en nuestro ordenamiento. El problema, entonces, no radica en la ausencia de herramientas, sino en el corrimiento del eje que introduce este proyecto: en lugar de interrogar las condiciones en que el sistema judicial responde a las violencias, coloca el foco sobre quienes denuncian.
Quienes trabajamos en el ámbito judicial sabemos que las principales dificultades no están vinculadas a un supuesto abuso de la denuncia, sino a la complejidad de sostenerla: las exigencias probatorias, los tiempos procesales, los contextos de vulnerabilidad y, en muchos casos, respuestas institucionales insuficientes. En ese marco, elevar el costo de denunciar no fortalece el sistema de justicia, sino que puede profundizar las barreras de acceso ya existentes.
A ello se suma que la magnitud del problema que se pretende abordar carece de sustento empírico relevante. Organismos internacionales estiman que las denuncias falsas representan entre un 1% y un 6% de los casos, con promedios cercanos al 3%, sin que existan datos locales que indiquen una situación diferente. Destinar la política criminal a perseguir un fenómeno de incidencia marginal no solo resulta ineficiente, sino también discriminatorio, en tanto desvía recursos de problemáticas estructurales y desatiende obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, como las derivadas de la Convención de Belém do Pará, que imponen el deber de proteger a las víctimas de violencia y garantizar su acceso a la justicia.
Lejos de fortalecer principios como el de inocencia, este tipo de proyectos puede operar como un mecanismo de disciplinamiento, orientado a disuadir a mujeres y diversidades de denunciar violencias por razones de género, instalando la sospecha sobre su palabra y condicionando el ejercicio de sus derechos.
Desde esta Secretaría sostenemos que el camino no es el punitivismo como respuesta automática, sino el fortalecimiento de políticas públicas integrales: mayor capacitación con perspectiva de género en el Poder Judicial, acompañamiento efectivo a las personas denunciantes y garantías reales de acceso a la justicia.
Reafirmamos nuestro compromiso con una justicia democrática, accesible y con perspectiva de derechos humanos, que proteja a las víctimas sin generar nuevos obstáculos ni retrocesos en los logros alcanzados.
Repudiamos además el accionar de quienes impulsan este tipo de iniciativas ,más aún cuando son alentadas por integrantes del propio Poder Judicial, ya que evidencia una preocupante falta de compromiso con los estándares mínimos de derechos humanos y con la perspectiva de género que exige el ejercicio de la función judicial.
Convocamos a la sociedad a sostener un debate informado, responsable y comprometido con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Porque cuando denunciar se vuelve un riesgo, la justicia deja de ser un derecho y pasa a ser un privilegio que no debemos aceptar.
Secretaria de Géneros y Diversidad
Asociación Judicial Bonaerense
Sedes en Avellaneda, Lanús, Quilmes y Morón
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