Pasan los gobiernos, sigue la impunidad

El 18 de septiembre de 2006, un día antes que se conociera la sentencia a condena perpetua del represor Miguel Etchecolatz por la comisión de delitos de lesa humanidad, en el marco de un genocidio, Jorge Julio López volvía a desaparecer. Esta vez, durante la vigencia plena de la democracia en Argentina.

López fue secuestrado por primera vez el 27 de octubre de 1976. Según su testimonio, se entregó “para que no lastimaran a su esposa e hijos, y para que no destruyeran su casa”. Permaneció desaparecido durante 160 días, en los que estuvo, entre otros lugares,  en la Comisaría 5ta. de La Plata y en el Pozo de Arana. Luego permaneció detenido 812 días a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta el 25 de junio de 1979.

Durante muchos años, López se dedicó a volcar los detalles de su detención en cuanto papel encontraba, “para no olvidar”. Lugares de encierro, fechas, nombres, torturas y muerte de muchos compañeros y compañeras fueron descriptos en esos escritos.

Entre 2004 y 2005, se los entregó a su amigo y compañero de militancia Jorge Pastor Asuez, con una carta en la que expresaba: “Pastor: te dejo esta carta para ver si algún día podés hacer justicia. Yo ya me aburrí de hablar con los derechos humanos, jueces y con gente de desaparecidos, pero me dicen que no pueden hacer nada porque son cosas que dice la gente y casi todo lo vi yo y deciles a los familiares de todos estos, estos crímenes no vencen nunca”. López pudo vislumbrar la imprescriptibilidad de los delitos y confiar que quizás algún día, se pudiera hacer justicia.

Pastor Asuez no podía imaginar en ese momento la trascendencia que tomarían tiempo después los papeles y la confianza depositadas por López. Con la derogación de los indultos y las leyes de obediencia debida y punto final, el testimonio del albañil fue una pieza clave para lograr la condena de los represores, y el cumplimiento de la condena en forma efectiva y en cárceles comunes. Por eso, la principal hipótesis del motivo de su segunda desaparición es que muchos integrantes de las fuerzas de seguridad de aquella época se sintieron amenazados, ya que López había involucrado a más de 62 militares y policías durante largas horas de relato en el juicio que pasó a la historia como el primero en el que se utilizó en la condena la palabra “genocidio”, para calificar a los delitos cometidos por los responsables de la última dictadura.

Algo queda claro, ni los gobiernos – nacional y provincial –  ni la justicia, estuvieron a la altura de las circunstancias. Ninguno de ellos supo, ni quiso, en primer lugar, proteger a “EL” testigo, y en segundo lugar, una vez producida su desaparición, articular los medios para encontrarlo, determinar quiénes fueron los responsables, enjuiciarlos y condenarlos.

A 10 años de su segunda desaparición nos sumamos a las voces de miles de ciudadanos y ciudadanas, organismos de DDHH y sindicatos que reclaman su aparición con vida, y exigimos el cumplimiento efectivo en una cárcel común, de la condena impuesta a Miguel Etchecolatz.

ACA FALTA LOPEZ. PASAN LOS GOBIERNOS, SIGUE LA IMPUNIDAD.