Paro Internacional de Mujeres y disidencias

Por decisión unánime del Congreso Provincial del gremio, las mujeres y disidencias del Poder Judicial pararán el próximo viernes 8 de marzo y movilizarán junto a todo el movimiento feminista, unidxs en la lucha por las reivindicaciones de género.

Las trabajadoras judiciales no son ajenas al avance del movimiento feminista a nivel mundial, y como tales son partícipes activas en la lucha por las transformaciones sociales, políticas y económicas que viene motorizando este movimiento.

Las denuncias contra las violencias, las demandas por el derecho a decidir, la exigencia al Estado de políticas públicas y presupuesto en materia de género, el señalamiento a la justicia machista y patriarcal, y las manifestaciones contra la crisis económica y su impacto sobre la clase trabajadora, son los ejes fundamentales por los que este 8 de marzo se impulsa un gran paro internacional de mujeres y disidencias.

Sólo durante el mes de enero ocurrieron más de 30 femicidios y trans-travesticidios en la Argentina, e incontables casos de violencia de género. Violaciones, abusos sexuales y acosos, en los que en la mayoría de los casos el Estado desatendió las alertas y denuncias, fallaron las medidas protectorias o ni siquiera se dictaron.

También se sigue negando a las mujeres y personas gestantes el derecho a decidir sobre sus cuerpos. El Estado es el responsable de garantizar el cumplimiento de la ley que permite la “Interrupción legal del embarazo” –ILE- -y la “Educación Sexual Integral” –ESI- en todas las escuelas. Sin embargo, todos los días asistimos a numerosos casos en los que esas garantías son vulneradas a través de la imposición de numerosos obstáculos. Sin ir más lejos, esta semana en Tucumán una niña de 11 años víctima de violación fue sometida a una cesárea después de demorar la interrupción legal del embarazo e inyectarle corticoides para que el feto crezca, en clara desatención a la normativa vigente y sometiendo a la niña a una situación tortuosa. En este mismo sentido, otra materia pendiente del Estado Argentino es la sanción de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito.

También constituyen violencia el ajuste, los despidos y el endeudamiento, ya que el impacto de estas medidas en la clase trabajadora -y en especial sobre las mujeres y las disidencias- es brutal y acentúa la desigualdad e inequidad de género. En promedio las mujeres ganan un 27% menos que los varones.

De todas estas problemáticas, derivadas del sistema patriarcal, el Estado es responsable. Por eso es necesaria la urgente declaración de la emergencia nacional en violencia de género, con asignación de presupuesto para la implementación efectiva de políticas públicas de prevención y erradicación de las violencias.

El Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires

Pese a que las mujeres ocupan el 56% del total de trabajadorxs en la Justicia, sólo el 23,4% ocupa cargos jerárquicos. A partir del nivel de juez de primera instancia –nivel 20- la proporción de trabajadoras desciende al 43% y el salto importante se da a partir del nivel 21 –juez de cámara-, donde la participación se reduce a un 25%. Estos datos, recabados por el Centro de Investigación y Formación de la AJB (CIyF-AJB), dan cuenta de lo que en materia de género se llama “techo de cristal”, una limitación al ascenso laboral de las mujeres a los puestos de mayor jerarquía, que no están fundados en ninguna norma o dispositivo que actúe como obstáculo para ello.

También en el Poder Judicial se evidencia la violencia laboral y de género en el ámbito del trabajo a través del acoso, la discriminación y el sexismo. Uno de los casos lamentables y paradigmáticos es el de Claudio García, titular del Juzgado de Familia de Olavarría que fuera denunciado por una trabajadora junto a la AJB por acoso sexual y violencia laboral, lo que derivó en que el Jurado de Enjuiciamiento decidiera someter al magistrado a juicio oral para decidir su destitución (https://www.ajb.org.ar/un-paso-clave-hacia-la-destitucion-del-juez-garcia/).

“Ante este escenario, desde la AJB hemos solicitado a la Suprema Corte que se instrumente un espacio de diálogo para poder abordar los temas pendientes en materia de género, diálogo que fuera interrumpido de forma unilateral por lxs funcionarixs” señaló Débora Bertone, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades del gremio.

“Este 8M las mujeres y disidencias debemos protagonizar un gran paro internacional con movilización, y en particular las trabajadoras judiciales debemos hacer sentir la medida en nuestros lugares de trabajo, resaltando que no somos cómplices de este Poder Judicial machista y patriarcal”, añadió Bertone.

El gremio judicial convoca a la movilización que tendrá lugar el 8 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires invitando a lxs compañerxs a contactarse con las departamentales a fin de participar en la marcha, como así también a las movilizaciones que tendrán lugar en toda la provincia.

La AJB reclama la urgente implementación de la licencia laboral por violencia de género en el ámbito del Poder Judicial –la ley provincial rige desde el año 2017 y el proyecto de regulación presentado por la AJB no ha sido tratado-; la creación de un área de políticas de género en el ámbito de la Suprema Corte con participación de las trabajadoras; una Justicia con perspectiva de género; la implementación de la ley “Micaela”, que prevé la capacitación obligatoria en materia de género para todxs lxs trabajadorxs del Poder Judicial; la expulsión de los magistrados violentos; el cupo laboral travesti-trans; el acceso igualitario a cargos y funciones; patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia y sus familiares; licencias igualitarias para la crianza y el cuidado de personas; y el respeto a la jornada laboral.