No es desahogo sexual, es delito aberrante

 

La Asociación Judicial Bonaerense, a través de la Secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades, repudia enérgicamente las manifestaciones realizadas por el fiscal de Chubut Fernando Rivarola en la causa en la que se investiga el abuso sexual a una adolescente por parte de un grupo de varones en Playa Unión.

Asimismo, el gremio se suma al reclamo de juicio político, a partir de la utilización por parte del fiscal de fundamentos jurídicos contrarios a la legislación vigente en materia de protección de los derechos de las mujeres y disidencias, como así también por su falta de idoneidad para perseguir delitos como el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes.

El pasado 3 de junio, el fiscal calificó como “accionar doloso de desahogo sexual” a un hecho aberrante como lo es el abuso sexual grupal, atenuando de esta manera la gravedad de los hechos investigados en la causa. A raíz del amplio repudio público que generaron sus dichos –más aún cuando se dieron en una fecha tan importante para el movimiento feminista como es el #NiUnaMenos-, el fiscal se excusó aludiendo que utilizó un término que sólo los profesionales del derecho conocen su alcance.

“Más allá de la falacia con la que se defiende, ya que esta expresión no constituye ninguna figura jurídica ni expresión del derecho, sí tenemos que decir que estas manifestaciones y posiciones sin perspectiva de género son una constante en los procesos y fallos de los poderes judiciales”, manifestó Débora Bertone, secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la AJB.

Un dato llamativo por el que también se cuestiona la actuación del fiscal es que el hecho conocido mediáticamente como “La manada de Chubut” ocurrió en 2012 y se comenzó a investigar siete años después a partir de las denuncias públicas de la joven victima en las redes sociales. En el marco de esa investigación, Rivarola redujo la imputación a tres de los acusados, cambió la calificación de “abuso sexual con acceso carnal” a “abuso sexual simple agravado por la comisión de tres personas” y solicitó el juicio abreviado con acuerdo de los defensores de los imputados.

El fiscal Rivarola es tristemente recordado en la provincia por la persecución y espionaje ilegal a militantes y activistas contra la megaminería y a la comunidad mapuche.

“Otra cuestión a destacar es que los imputados son nietos e hijos de un ex gobernador de la provincia, de un senador y de empresarios, lo que le costó a la víctima innumerables amenazas y el miedo a la denuncia”, expresó Débora Bertone. Agregando que “Los llamados “hijos del poder” están acostumbrados a la impunidad que les otorga su posición privilegiada de clase y de género, ello con un complejo entramado de complicidad de la justicia patriarcal y del poder político”.

La repetición de estos hechos pone de manifiesto la necesidad urgente de modificar el sistema de selección de magistrados. Este reclamo histórico de los gremios judiciales apunta a la inclusión de mecanismos por los que la selección de jueces se desarrolle de manera transparente y democrática, con participación de la ciudadanía y perspectiva de género. A lo que se le agrega la necesidad imperiosa de que se cumpla efectivamente con la capacitación obligatoria estipulada por la Ley Micaela, que tal como lo establece la propia norma debe contar con la participación del sindicato.