La autarquía se trata sin dudas de una medida necesaria (aunque no suficiente) para comenzar de una vez por todas a transitar el camino que, desde el plano presupuestario, permita ubicar al Poder Judicial en un plano de igualdad con los restantes poderes del estado provincial ya que, de ser seriamente concebida, le permitiría autoabastecerse y, de ese modo, le aseguraría la satisfacción adecuada de sus propias necesidades.
De esa forma se removería uno de los obstáculos que, como es obvio, dificultan la independencia de poderes que hace a la esencia del sistema republicano de gobierno.
La trascendencia institucional de la cuestión impone la existencia de una firme decisión política.
Por ello los operadores judiciales debemos estar atentos para evitar que desde el poder político se la utilice como una “cortina de humo” tendiente a diluir los justos reclamos de equiparación de nuestras remuneraciones con las del Poder Judicial de la Nación y de implementación de la ley de porcentualidad postergando de esa forma las históricas y justas reivindicaciones salariales que nos afectan a los empleados, funcionarios y magistrados de la provincia de Buenos Aires.
Además, al ser absolutamente evidente que el modo en que se implemente la aludida autarquía repercutirá en la totalidad de los operadores judiciales, cualquier proyecto que se vincule con la misma exige una amplia e igualitaria participación de la totalidad de los mismos.
PEDRO PIANTA
JUEZ. TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Nº 5
LOMAS DE ZAMORA.