Una vez más, la Suprema Corte bonaerense elige no dar una respuesta adecuada y oportuna a las trabajadoras que denuncian casos de violencia laboral y de género al interior del Poder Judicial. Esto no es un “descuido”, es una política que ampara a los violentos. Solo la valentía de las víctimas al denunciar y romper con el silencio, y la lucha gremial, han logrado quebrar con ese pacto machista que sigue anquilosado en la Justicia.
Esta vez fue Daniela Walter, licenciada en Trabajo Social, la que se animó a denunciar por violencia laboral y de género a Guillermo Walter Fischer, juez de paz del Partido de Saavedra. No es una denuncia nueva, lleva más de un año dando vueltas por los laberintos judiciales. Actualmente espera una decisión del Procurador General para que se remita el expediente al Jurado de Enjuiciamiento al efecto de iniciarse el juicio político. Si no se toma una pronta resolución, terminará en los próximos meses con la jubilación del magistrado. Impune, claro.
Tampoco a los largo de estos meses se tomó intervención alguna para evaluar medidas de protección sobre quienes tenían necesariamente que continuar en contacto con el magistrado, o a favor de las mujeres litigantes; ni la Suprema Corte ejerció su facultad de ordenar el licenciamiento compulsivo de Fisher.
El 29 de septiembre de 2020, la trabajadora -acompañada por la AJB- requirió al entonces Presidente de la Suprema Corte, Daniel Soria, que ponga en marcha “una amplia y profunda investigación acerca de la conducta del Dr. Guillermo Walter Fischer”. La denuncia señalaba que dicho juez había mantenido “actitudes agraviantes, despectivas y agresivas hacia integrantes del plantel del juzgado, en su mayor parte hacia mujeres”. Esas conductas “también se habían dirigido a otras profesionales y personal de diferentes áreas que articulan habitualmente con el Juzgado de Paz de Saavedra, así como a mujeres que acuden al organismo para solicitar amparo por ser víctimas de violencia familiar y/o de género”.
También lo padecieron personas ajenas al ámbito del Juzgado, dejando en evidencia un claro abuso de poder basado en la posición asimétrica de dominio que le otorga su investidura, tales como agravios a personal y funcionarios locales, perpetrados en la vía pública y de público conocimiento. También lo sufrieron docentes de instituciones educativas, letradas y letrados litigantes, y personal de otras dependencias judiciales donde el magistrado ha realizado subrogancias.
Los violentos y sus métodos
En todas las denuncias que se han hecho contra magistrados violentos en los últimos años, los métodos y prácticas abusivas son casi las mismas: gritar, menospreciar, insultar, descalificar y socavar la confianza de las trabajadoras.
En este caso particular, el Juez Fischer ejercía maltrato verbal y psicológico sistemático hacia Daniela Walter, actos desvalorizantes a su posición ético política y descrédito sobre sus procesos de intervención, incidiendo no sólo en su desempeño vital, sino socavando su desempeño laboral y ejercicio profesional, avasallando sus incumbencias y autonomía profesional. La ha tratado de “autista” delante de todos sus compañeros de trabajo, como consecuencia de optar por el silencio ante su hostigamiento. Una vez le sacó “bruscamente un expediente de las manos, gritándole que él haría su trabajo, cuando no estuvo de acuerdo con una apreciación profesional”.
En una oportunidad, cansada de tanto hostigamiento, Daniela no pudo contener las lágrimas y el Juez le reprochó que “se hacía la víctima”. A las trabajadoras del organismo les endilgaba el epíteto de “feministas” de manera descalificadora cuando planteaban la necesidad de nuevas intervenciones o medidas en las causas, que no coincidían con su punto de vista.
Además, cuando alguna mujer se acercaba al Juzgado de Paz citada para audiencia en el marco de denuncias por violencia, en oportunidades las catalogaba de “fabuladoras”. Incluso llegó a interrogar insistentemente a una víctima de violencia de género acerca de si había sido infiel, demostrando su falta de perspectiva de género y adecuación a la normativa vigente en la materia, generando una gran angustia en la denunciante.
También cuestionó a una mujer que se acercó a denunciar un caso de violencia porque “había ido a meter la cabeza en la boca del lobo” al haber regresado con su agresor.
Un Poder Judicial con perspectiva de género
Dilaciones, ocultamiento de las actuaciones, jubilaciones que consagran la impunidad, todo tipo de artimañas se despliegan cuando el objetivo es amparar jueces violentos. No importa cuánto se declamen los derechos de las mujeres y las disidencias hacia dentro del Poder Judicial, si a la hora de actuar y dar el ejemplo, la Corte mira hacia otro lado.
El del Dr. Guillermo Walter Fischer no es el primer caso de magistrados que ejercen violencia laboral y de género en el Poder Judicial. Y tampoco es el primero en que las víctimas con el apoyo del gremio tienen que luchar contra la falta de decisión política de la Suprema Corte para adoptar medidas de resguardo y facilitar una sanción condenatoria.
Es por eso que cuando el gremio reclama un Poder Judicial con perspectiva de género, lo hace convencido de que es el único camino posible para desterrar prácticas tan arraigadas como dañinas y discriminadoras. Resulta fundamental para la democracia perseguir que nuestras instituciones garanticen la convivencia laboral libre de violencias contra las mujeres y disidencias, y un servicio de justicia con real compromiso y respeto por los derechos de las y los justiciables.