La presentación de la ley fue realizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial ante las y los representantes de los gremios estatales bonaerenses. La AJB estuvo representada por Mariano Fernández, secretario del área, en tanto que también participaron del acto Emiliano Hueravilo -Director de Derechos Humanos de ATE provincia de Buenos Aires-, Roberto Baradel -secretario General de Suteba-, Juan Murgia -Secretario Gremial de ATE Provincia- y Rubén Schaposnik -integrante del Cuerpo de Delegados de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia-.
La ley, sancionada por unanimidad por la Legislatura bonaerense y promulgada el 3 de diciembre de 2020, crea el registro de trabajadores y estudiantes que hayan sido víctimas de asesinato y/o desaparición durante el período comprendido entre los años 1974 y 1983, con el objeto de mantener viva la memoria de los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico militar en nuestro país.
Durante la reunión el Subsecretario de Derechos Humanos provincial, Matías Facundo Moreno, destacó que “Si bien es la justicia la que debe reparar con los juicios los crímenes de lesa humanidad, este es un hecho simbólico que viene a rescatar la memoria de los compañeros y las compañeras trabajadores y trabajadoras”.
En el caso particular de las y los trabajadores judiciales, Mariano Fernández resaltó la trascendencia de la creación del registro “para conocer con mayor certeza la historia personal y laboral de compañeros y compañeras judiciales víctimas del terrorismo de Estado”. Agregando que “Muchas de esas historias permanecen desconocidas por la acción u omisión de un Poder Judicial que, en vez de intervenir inmediatamente frente a una detención ilegal, secuestro o desaparición forzada, eligió ser cómplice del plan represivo instaurado en nuestro país”.
Tucumán 1966, CABA.
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