Lucha contra la trata de personas

Mujeres del equipo de trabajo de la secretaría concurrieron a la presentación del informe realizado por el Observatorio de Violencia de Género dependiente de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires sobre la trata de personas. En la oportunidad se destacó la necesidad de generar estrategias provinciales que permitan la articulación de los organismos involucrados en la prevención y persecución de estos delitos, así como brindar asistencia, abrigo y políticas inclusivas para las víctimas.

El informe plantea que en el aspecto judicial, la información que producen las sentencias  es muy escasa, ya que la mayoría de los casos son consecuencia de un procedimiento abreviado. Lo mismo ocurre con las pocas causas en las que se dicta auto de procesamiento, por ejemplo en el período 2008-2013, sobre 91 causas, sólo se dictó sentencia en 16.

Asimismo, en la oportunidad se subrayó la preocupación por el número reducido  de municipios bonaerenses que regulan por ordenanzas locales acordes  con la normativa nacional, lo que pone en evidencia  la inobservancia de la legislación existente, obviando información valiosa como captación y traslado,  redes nacionales e internacionales, complicidad de distintos actores públicos (policía, judiciales, políticos) o particulares. Sobre 135 municipios bonaerenses, solo 19 prohíben de alguna forma la habilitación de locales tipo cabaret; 43 municipios  toleran o facilitan  de alguna manera la habilitación y en 73 no hay ningún tipo de regulación.

Vale destacar que la trata de personas con fines de explotación configura un delito federal; la promoción, facilitación  y explotación económica de la prostitución, pornografía infantil y matrimonio forzado (todos ellos delitos conexos a la trata de personas con fines de explotación sexual) son de competencia provincial; el Código Contravencional de la provincia de Buenos Aires  sólo contempla multas para el caso de “alternadoras” y también al prostíbulo “escandaloso” entre otras figuras.

En la ocasión se señaló la urgencia de modificar el marco normativo legal,  adecuándolo a la legislación municipal, provincial y a las normas nacionales e internacionales que forman parte de nuestro derecho positivo. Finalmente,  dado que este tema involucra a toda la sociedad, se marcó la necesidad de la participación, puesto que todos debemos  conformar un eslabón en la cadena  de lucha  contra la trata y sus delitos conexos.