La magistratura cómplice del genocidio subsistió más allá de la retirada del régimen cívico-militar. El menemismo lo diseñó con dibujos en una servilleta e instauró una Corte Suprema en la que una mayoría automática votaba siempre a favor del gobierno. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, todos con apoyatura local, elaboraron planes y ejecutaron proyectos para ajustarlo en todo al modelo neoliberal que destruyó el país. Y ahora mismo, el establishment y los organismos financieros internacionales mantienen su mirada atenta sobre la justicia. Pero en contraposición a ese sistema judicial garante del privilegio y la impunidad, existe una lucha permanente de los argentinos por una justicia democrática en un país democrático. Porque existe una íntima relación entre el modelo de justicia y el modelo social, político, económico y cultural en el que vivimos.
Precisamente, en vistas a esa justicia democrática en un país democrático, es que los judiciales mantenemos esta lucha desde hace décadas, prácticamente desde nuestros orígenes como Federación y sindicatos judiciales. Y lo hicimos y lo hacemos junto a muchos otros sectores que comparten esos ideales, en primer lugar en el marco de la CTA, pero también junto a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, junto a los familiares de víctimas del gatillo fácil, junto a la Asamblea Popular por la Justicia, la Asociación de Abogados Laboralistas y un sin fin de movimientos sociales.
Es por ello, porque estamos y estuvimos en esta lucha desde siempre, que reclamamos ser parte de un debate que no puede ser express ni excluyente. Porque concierne a todos los ciudadanos y porque entre esos ciudadanos hay opiniones, proyectos, propuestas y experiencias que deben ser escuchados. Porque la reforma judicial que se necesita no se resuelve solamente con un paquete de leyes. Es necesario un profundo cambio cultural, político y estructural que deje atrás definitivamente el paradigma de una justicia elitista.
No es ese un objetivo fácil. La reforma judicial que se necesita debe ser carne de nuestro pueblo. Porque con esa reforma debemos enfrentar intereses muy poderosos. Los intereses de los genocidas, de los que están presos y de los que todavía falta juzgar. Los intereses de los que impulsaron y todavía impulsan un modelo neoliberal. Los intereses de los que depredaron el país, e hicieron y pretenden seguir construyendo un poder judicial a su imagen y semejanza.
En dirección a esa justicia democrática, los trabajadores judiciales queremos expresar nuestra opinión sobre la reforma en cuestión. Tanto sobre el paquete de proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo como sobre algunas de las nefastas ideas expresadas por algunos sectores de la oposición. Se trata de una opinión somera que debe, necesariamente, completarse con la profusa cantidad de declaraciones y análisis detallados que esta Federación vino realizando durante, por lo menos, los últimos 20 años.
Quizás una de las cuestiones más debatidas ha sido el del Consejo de la Magistratura. Se trata de un tema clave. Allí no solo se eligen a los jueces sino que también se los controla, a fin de que no se aparten de sus verdaderas funciones de impartir justicia. No tenemos ninguna objeción a que ese Consejo se constituya y se funde en la más amplia decisión popular y soberana. Seremos los primeros en avalar ese principio de legitimidad. En ese sentido, nos diferenciarnos de todas aquellas voces que se horrorizan cuando escuchan hablar del voto popular como garante de la legitimidad de la magistratura, como si el sistema judicial estuviera al margen del único soberano, el pueblo. Son las voces que siempre han querido hacer de ese poder un reaseguro de sus intereses espurios y de su impunidad. Porque no son el pueblo, le temen. En cambio, el pueblo no teme al pueblo.
Sin embargo, no se agota allí la complejidad del tema. Es necesario, además, establecer cuáles son los requisitos de una magistratura verdaderamente democrática, definir de un modo genuino quiénes pueden ser candidatos, cuales son las condiciones de idoneidad, las cualidades intelectuales y morales, así como simultáneamente fijar un sistema de formalización de las candidaturas que, por una parte, permita a todos los ciudadanos participar de su formulación, que no puede ser monopolio exclusivo de los partidos políticos. A la vez, se debe exponer a los candidatos a un proceso de observaciones e impugnaciones -previo a la elección-, que garanticen no solo la transparencia sino el efectivo cumplimiento de esas condiciones.
Así las cosas, la constitución de un Consejo de la Magistratura de ese tipo debe hacerse de manera transparente y sin que deje lugar a dudas ni suspicacia de manipulación. Es una cuestión que merece un fuerte debate, porque el pueblo no puede permitirse un nuevo fracaso, como han fracasado los anteriores sistemas de designación y contralor de los jueces.
Por otra parte, compartimos las importantes objeciones efectuadas al proyecto de ley modificación de las medidas cautelares. Es cierto que, muchas veces, el establecimiento arbitrario de una medida cautelar convierte un instrumento transitorio de resguardo de derecho en una sentencia de hecho que se eterniza y posterga las decisiones de fondo. Pero, ese uso arbitrario no debe ser excusa para que el Estado se constituya en un actor privilegiado, prácticamente excluido de las medidas cautelares, sobre todo ante el reclamo de los sectores más vulnerables. Así también como trabajadores nos alarma enormemente el artículo 17 de dicho proyecto que, en la formulación del Ejecutivo, puede convertirse en un instrumento de ataque a la libertad sindical. Esperamos que se revierta esa redacción que atenta contra los trabajadores e, independientemente de lo que finalmente se establezca, nos comprometemos a una lucha sin cuartel contra cualquier atentado contra el derecho de huelga y los sindicatos.
Es cuanto menos extraño observar cómo se pretende consagrar esa agresión a la libertad sindical y, paralelamente, se continúa negando hacia el interior del sistema judicial, el derecho a la negociación colectiva y a un convenio colectivo de los trabajadores. Los judiciales somos el único sector de los trabajadores al que, prácticamente en forma masiva, se le niega el derecho a la negociación colectiva. Los tribunales y los jueces que fallan reconociendo ese derecho a otros trabajadores y obligan a otros empleadores a negociar colectivamente, se niegan a hacerlo con sus propios empleados. Esta negativa no es solo responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Consejos de la Magistratura y los superiores tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y de la mayoría de las provincias, sino que es responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional, del parlamento argentino, y de los gobiernos y legislaturas provinciales. Llama poderosamente la atención que se hable de democratización y que ese mismo Poder Ejecutivo nacional que lanza esa consigna piense que esa democratización no debe llegar a las relaciones de trabajo dentro del poder judicial y que los magistrados sigan tratando a sus empleados como los peores patrones. Hace menos de un año, la Organización Internacional del Trabajo le ha señalado al Estado argentino que debe garantizar la negociación colectiva para los trabajadores judiciales. Y la única respuesta a ese señalamiento y al masivo reclamo de los trabajadores judiciales fue el silencio. ¿Será que para los tres poderes del Estado el concepto de democracia no incluye a los trabajadores? Es necesario, imprescindible, que la reforma judicial acabe con esta indigna situación.
Genera nuestra enorme preocupación también la creación de nuevas cámaras de casación, cuyo sentido real, en relación al quehacer de la justicia no se entiende ni explicita, y que solo puede traer aparejada una prolongación aún mayor de los procesos judiciales. Ya sabemos que son los sectores de los trabajadores y populares los más afectados por la prolongación de los juicios, de lo cual se benefician solo los que tienen mayor solvencia económica para soportar sus costos y duración, y quienes no cumplen con sus obligaciones y se parapetan detrás de la eternización de los litigios.
Sin duda que la transparencia en los procesos judiciales, tal cual se consagra en uno de los proyectos del ejecutivo, es un requisito fundamental de la justicia democrática y es bienvenida una disposición de tal calibre. A la vez, es imprescindible subrayar que esa transparencia debe ser propia de todo el aparato estatal, incluidos el Parlamento y el Poder Ejecutivo. La trama jurídica de muchas sentencias hunde sus raíces en procesos administrativos y legislativos, y en su conjunto debe ser visible para todos los ciudadanos. Esperamos pues que en alguna instancia del proceso legislativo se amplíe el ámbito de aplicación de este principio.
Asimismo, tal como se establece en otro de los proyectos, esperamos que todos los magistrados hagan pública sus declaraciones de bienes y el origen de los mismos, así como se ajusten a la ley y cumplan con su contribución al fisco, como ciudadanos comunes y corrientes, sin privilegio alguno.
Ahora bien, más allá de estas consideraciones, si se pretende discutir seriamente una reforma judicial es necesario incluir una extensa lista de temas.
Se dirá que se empieza por algo y no se puede cambiar todo de golpe, pero, es necesario resolver problemas urgentes. De lo contrario, se corre el riesgo de dejar de lado cuestiones que hacen a la esencia misma de una justicia democrática.
Por ejemplo, es imprescindible asegurar el acceso a la justicia. Ese acceso no se resuelve solo con más y mejores jueces, próximos a la gente, sino que es necesario resolver todo un problema de infraestructura, funcionamiento y condiciones de trabajo. Asimismo, implica celeridad en los procedimientos, garantías para los más vulnerables, y no solo que se cumpla con los principios del debido proceso sino que las sentencias sean ejecutables, que sean cumplidas, empezando por el Estado, para que no sigan la suerte del caso Badaro, que a pesar de su justo sentido reparador del derecho de los jubilados, se ve frustrado por un permanente desconocimiento del Poder Ejecutivo.
Asimismo, hay que pensar en la formación de los jueces y los abogados. Así como se ha pensado, al menos en parte, en rever los programas de la formación de los cuadros militares, empezando por la enseñanza de los derechos humanos, las facultades de derecho y todas aquellas carreras vinculadas a la actividad judicial deben ser sometidas a un profundo debate popular, que revise sus contenidos y los pongan en relación con los objetivos y derechos de nuestro pueblo.
Así podríamos seguir enumerando una larga lista de cuestiones que no pueden quedar en el tintero. De un modo o de otro, esta coyuntura tiene la virtud de haber puesto en el tapete un tema central. No tenemos que dejar que el sentido de esta discusión se vacíe por políticas y discursos oportunistas, de mera coyuntura, no tenemos que dejarlo en manos de las derechas más recalcitrantes, ni de los llamados especialistas o de las élites oligárquicas. Si lo transformamos en un debate de todos, el resultado será una verdadera reforma judicial democrática y popular. Solo así será justicia.
Desde todo el territorio de la República Argentina, 23 de abril de 2013.
FEDERACIÓN JUDICIAL ARGENTINA
FIRMAN LA DECLARACIÓN: Pablo Abramovich (Sec. Adjunto Asoc. Jud. Bonaerense), Oscar Yenni (Sec. Gremial Asoc. Jud. Bonaerense), Osvaldo Rozas (Sec. Hacienda Asoc. Jud. Bonaerense), María del Carmen Muñoz (Sec. Interior Asoc. Jud. Bonaerense), Omar Rojas (Sec. Acción Social Asoc. Jud. Bonaerense), Agustín García (Sec. Organización Asoc. Jud. Bonaerense), Analía Santomil (Sec. Relaciones Internacionales Asoc. Jud. Bonaerense), Alberto Igoldi (Sec. Prensa Asoc. Jud. Bonaerense), Silvia Dávila (Sec. de Género Asoc. Jud. Bonaerense), Carlos Martínez (Sec. DDHH Asoc. Jud. Bonaerense), Elba Molina (Sec. Actas Asoc. Jud. Bonaerense), Carlos Manzo (Sec. Capacitación Asoc. Jud. Bonaerense), Néstor Alende (Vocal titular Asoc. Jud. Bonaerense), Santiago Fontela (Vocal titular Asoc. Jud. Bonaerense), Daniel Calvert (Vocal titular Asoc. Jud. Bonaerense), María Andriones (Vocal titular Asoc. Jud. Bonaerense), Alejandro Castelnau (Vocal titular Asoc. Jud. Bonaerense), Susana Benavídes (Vocal Suplente Asoc. Jud. Bonaerense), Elisa Cabrera (Vocal suplente Asoc. Jud. Bonaerense), Matías Maqueda (Sec. General Junín Asoc. Jud. Bonaerense), Héctor Gutierrez (Sec. General San Nicolás Asoc. Jud. Bonaerense), Gerardo Peña (Presidente Congreso Provincial Asoc. Jud. Bonaerense), Darío Martínez (Sec. General Dolores Asoc. Jud. Bonaerense), Enzo Spadari (Sec. Adjunto Junín Asoc. Jud. Bonaerense), Darío Rudaszewski (Sec. Adjunto San Martín Asoc. Jud. Bonaerense), Graciela Terrens (Sec. Adjunta Zárate-Campana Asoc. Jud. Bonaerense), Mariano Fernández (Sec. General Mar del Plata Asoc. Jud. Bonaerense); Sonia Patricia Riofrío (Sec. Finanzas Asoc. Emp. y Func. del Poder Judicial de Mendoza), César Gabriel Llanos (Sec. Gremial Asoc. Emp. y Func. del Poder Judicial de Mendoza), Adriana Domínguez (Sec. Actas Asoc. Emp. y Func. del Poder Judicial de Mendoza), Hugo Locatelli (Vocal Asoc. Emp. y Func. del Poder Judicial de Mendoza), Beatriz Kallus (Vocal Asoc. Emp. y Func. del Poder Judicial de Mendoza), Víctor Guerra (Vocal Asoc. Emp. y Func. del Poder Judicial de Mendoza), Pedro Quilpatay (Vocal Asoc. Emp. y Func. del Poder Judicial de Mendoza), José Vilchez (Vocal Asoc. Emp. y Func. del Poder Judicial de Mendoza); Matías Fachal (Sec. Prensa FJA y Sec. Adjunto AEJBA Judiciales de la Cdad. Bs.As.), Maximiliano García (Sec. Gremial AEJBA Judiciales de la Cdad. Bs.As.), Sebastián Saullo (Sec. de Prensa AEJBA Judiciales de la Cdad. Bs.As.), Corina Gambini (Sec. de Finanzas AEJBA Judiciales de la Cdad. Bs.As.), Gustavo Schiavo (Sec. de Cultura y Capacitación AEJBA Judiciales de la Cdad. Bs.As.), Daniel Díaz (Sec. de Acción Social AEJBA Judiciales de la Cdad. Bs.As.); Marisa Stagnaro (SubSec. General Sindicato Empleados Judiciales de Neuquén), Oscar Ibañez (Sec. Gremial Sindicato Empleados Judiciales de Neuquén y FJA), Francisco Velasquez (Revisor de Cuentas FJA), Federico Egea (Asesor Legal Sindicato Empleados Judiciales de Neuquén); Lucas Cruz (Sec. Prensa Sindicato Trabajadores Judiciales de Chubut), Aramis Ventura (Sec. Organización y Capacitación Sindicato Trabajadores Judiciales de Chubut y Revisor de Cuentas de FJA); Horacio Gómez (Sec. de Organización Asociación Judicial de Santa Cruz), Luis Calisto (Sec. de Finanzas Asociación Judicial de Santa Cruz), Carolina Miró (Sec. Acción Social Asociación Judicial de Santa Cruz), Mirna Hudson (Sec. DDHH Asociación Judicial de Santa Cruz), Alfonso Lobo (Congresal a la FJA – Asociación Judicial de Santa Cruz), Elsa Pastori (Sec. de Capacitación Gremial y Laboral Asociación Judicial de Santa Cruz); José Luis Flores (Sec. Gremial Agremiación de Empleados Judiciales y del Ministerio Público de Salta), María Eugenia Villalba (Sec. de Finanzas Agremiación de Empleados Judiciales y del Ministerio Público de Salta); Viviana Ovejero (Sec. Actas Sitrajur y FJA), Gerardo Barreto (Sec Gral. Deleg. 2 Sitrajur), Laura Lazarte (Sec. Prensa Sup. Sitrajur); Delia Agüero (Sec. Adjunta Agremiación Tucumana de Empleados Judiciales); Gustavo Carrizo (Sec. Adjunto Asociación Judicial de Catamarca); Guillermo Isaguirre (Sec. Adjunto 1º Sindicato Judiciales Puntano), Juan Manuel Montiveros (Sec. Adj. 2º Sindicato Judiciales Puntano), Alejandro Alcaraz (Sec. Gremial Sindicato Judiciales Puntano), Gabriel Agüero (Sec.Adm. y Fiananzas Sindicato Judicial Puntano), Juan Pablo Gomez (Sec. Acción Social Sindicato Judiciales Puntano), Ana Albertengo (Secretario General Adjunta Asociación Judicial del Chaco), Edgardo Vecchietti (Sec. Gremial Asociación Judicial del Chaco), Roberto Paredes (Sec. del Interior Asociación Judicial del Chaco), Anhibal Martín (Sec. de Organización Sindicato Trabajadores Judiciales de La Pampa), María Ester Morán (Sec. Adjunta Sindicato Trabajadores Judiciales de La Pampa), Soraya Agüerre, (Sec. de Género e Igualdad de Oportunidades FJA y Sec. Gremial Sindicato Trabajadores Judiciales de La Pampa), Horacio Paz (Vocal Tit. Sindicato Trabajadores Judiciales de La Pampa), Adam Rodriguez (Secretario Adjunto Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes), Jorge Leiva (Secretario de Derechos Humanos Sindicato Trabajadores Judiciales de Corrientes), Marta Ramirez (Secretaria Gremial Sindicato Trabajadores Judiciales de Corrientes), Juan Gomez(Tesorero Sindicato Trabajadores Judiciales de Corrientes), y siguen las firmas…
Tucumán 1966, CABA.
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