“Los privilegios del poder”

 

Hace algunas horas comenzó a circular en diferentes medios de comunicación masiva la noticia de que dos integrantes de la Suprema Corte, Hilda Kogan y Luis Genoud, recibieron las dos dosis de la vacuna contra el COVID 19 en el hospital El Cruce de Florencia Varela, inscriptos para ello como “personal de salud”. Hasta el momento no ha sido desmentida.

Los nombres de Kogan y Genoud se suman a la lista de personas que, amparándose en su posición de poder, sortearon el orden de prioridades dispuesto por las autoridades sanitarias, cometiendo un fraude moral contra el conjunto de una sociedad que transita entre la ansiedad y la desesperación para obtener el acceso a la vacuna.

La indignación por la conducta de las y los integrantes del máximo tribunal aumenta con la confirmación de que su vacunación no se produjo a partir de gestiones oficiales de la Suprema Corte para proteger a sus integrantes en su condición de “personal estratégico”, sino que fue lograda mediante gestiones particulares, curiosamente en un territorio donde Genoud posee amplios contactos políticos.

La conducta de Kogan y Genoud resulta aún más injustificable al constatar que durante toda la pandemia realizaron tareas remotas desde sus domicilios, mientras que miles de trabajadores y trabajadoras judiciales fueron forzados a poner en juego su salud y las de sus familias para llevar a cabo tareas presenciales de alto riesgo y en condiciones de seguridad e higiene inadecuadas, muchas veces lamentables. Cientos de ellas y ellos resultaron contagiados por la enfermedad.

Paradójicamente, la noticia se instala en momentos en que pese a los incesantes reclamos de la AJB, la Suprema Corte sigue sin dar respuesta a miles de trabajadores y trabajadoras que esperan ser incluídos en los grupos de vacunación prioritaria. Al mismo tiempo, se fuerza la puesta en funcionamiento de los jardines del Poder Judicial con docentes y personal auxiliar que no han sido vacunados, y donde las características propias de su tarea impiden garantizar condiciones mínimas de prevención como el distanciamiento social y el uso de tapabocas en niños y niñas.

La gravedad de la decisión tomada por la ministra y el ministro no pueden naturalizarse ni pasar inadvertidas. Desandar la crisis de legitimidad social que padece el sistema judicial exige de sus máximas autoridades conductas ejemplares, basadas en la responsabilidad, la ética personal y la empatía con los sectores que sufren los peores padecimientos, en particular en tiempos de emergencia.

Lamentablemente, Hilda Kogan y Luis Genoud han demostrado no estar a la altura del comportamiento ético que exige el ejercicio de la magistratura, por lo que resulta necesario que a través de una oportuna decisión individual, o en su defecto mediante los mecanismos institucionales que deba impulsar la Suprema Corte, se inicie el camino para su salida del máximo tribunal judicial bonaerense.