Libertad a María Cristina Santillán

 

Entre los días 22 y 23 de agosto se está llevando a cabo en la ciudad de Azul el juicio en contra de María Cristina Santillán, acusada de haber dado muerte a su esposo al defenderse de los brutales ataques a los que fue sometida.

Cristina es una más de las cientos de mujeres que a diario son juzgadas y revictimizadas por una justicia que nada tiene de justa, y que al momento de evaluar lo sucedido deja de lado la violencia que sufrió por parte de su pareja durante más de cuatro décadas de convivencia, y sólo considera que él está muerto.

En este caso, como en tantos otros, queda de manifiesto la incapacidad del Estado –en cualquiera de sus poderes- de dar una respuesta al flagelo de la violencia de género. Cristina se encontraba en uso de una licencia psiquiátrica al momento de suceder el hecho. Licencia que intentaba subsanar y/o ocultar lo que realmente ocurría: estaba inmersa en una situación de violencia en el ámbito familiar. Ninguno de los organismos del Estado fue capaz de darle contención y apoyo. Y hoy es ese mismo Estado ausente, el que la juzga por defenderse de las agresiones de su marido.

Este caso merece ser analizado desde dos miradas. La primera, la de la licencia psiquiátrica. Desde la AJB luchamos contra este tipo de licencias, que lejos de solucionar el problema y ayudar a la víctima a empoderarse y poder salir de ese círculo, lo único que hace es dejarla expuesta a una situación de mayor vulnerabilidad. Por ello exigimos la reglamentación en la provincia de Buenos Aires de la ley de licencia por violencia de género para las trabajadoras estatales, y en particular la implementación en el Poder Judicial para las compañeras judiciales víctimas de violencia.

La segunda mirada se refiere a la actuación del Poder Judicial. En este sentido, Celia Lorente, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la AJB, manifestó: “Estamos ante un nuevo caso en el que la violencia judicial se expresa a través de medidas y decisiones que dejan en evidencia la ausencia de una formación con perspectiva de género de jueces y demás operadores judiciales. Los cuarenta años de violencia que sufrió Cristina tienen que ser valorados de manera adecuada, no sólo para evitar la violencia institucional y su revictimización, sino también para reparar décadas de un Estado ausente, que pudo haberla ayudado y no lo hizo”.

“Exigimos la absolución e inmediata libertad de Cristina. El Poder Judicial debe dejar de ser una institución sexista, machista y patriarcal”, concluyó Lorente.