La Asociación Judicial Bonaerense expresa su profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Hugo Cañón y envía sus condolencias a sus familiares y amigos.
El ex Fiscal General fue un activo defensor de los derechos humanos. Comprometido con la búsqueda de la Memoria, la Verdad y la Justicia, integró la Comisión Provincial por la Memoria hasta octubre de 2014, ocupando el cargo de copresidente junto a Adolfo Pérez Esquivel. Durante su paso por el Poder Judicial provincial en la ciudad de La Plata, participó activamente como militante de la Asociación Judicial Bonaerense.
Oriundo de la ciudad de Bahía Blanca, Hugo Cañón se recibió de abogado en la Universidad Nacional de La Plata, lugar donde se desempeñó como empleado judicial hasta 1969.
Luego de la restauración de la democracia, fue designado Fiscal General Federal de Bahía Blanca. A partir de la presentación realizada por Cañón, la Cámara de Apelación de esa ciudad fue la primera en declarar en 1987 la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y de los indultos decretados por el presidente Carlos Saúl Menem.
Estas declaraciones fueron determinantes para poder retomar la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país y lograr la condena de los represores.
En el marco de su actuación, entre los años 1999 y 2000, Cañón fue el fiscal acusador en el “Juicio por la Verdad” llevado a cabo en Bahía Blanca, y en el que se investigaron las responsabilidades por los crímenes cometidos en la jurisdicción del V Cuerpo del Ejército y de la Armada Argentina, en la zona de Puerto Belgrano. Gracias a su labor, se pudo comprobar el funcionamiento del centro clandestino de detención conocido como “La escuelita”.
Cañón integró también la Comisión de Fiscales denominada “Comisión de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal”, destinada a desarrollar trabajos de coordinación y colaboración en todas aquellas causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos en el período 1976-1983.
Su destacada labor en defensa de los derechos humanos, le valió el reconocimiento de varias instituciones. En el año 2000 Cañon recibió el premio “Justicia Universal”, otorgado por la Asociación Argentina Pro-Derechos Humanos de Madrid.
En 2006, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, le otorgó el premio “Reconocimiento a la trayectoria y el compromiso con la Defensa de los Derechos Humanos“. Y en 2007, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo distinguió como “Personalidad Destacada de los Derechos Humanos“, por ser el único fiscal del país que impugnó la ley de Obediencia Debida.