¿Podemos considerar lógico que la Justicia haya tardado años en caratular la causa como “desaparición forzada de persona”? Podríamos seguir con los interrogantes.
Cuanto más se analiza el accionar estatal más se concluye en forma terminante de que se trata de un caso de “violencia institucional”. Violencia de quienes lo secuestraron, lo torturaron, lo asesinaron, de quienes ampararon a los responsables por acción u omisión. Violencia de la justicia reaccionaria que lo despreció.
Lamentablemente tampoco tuvo la repercusión mediática correspondiente. Y no es casual. Luciano era un chico pobre, de una barriada humilde del Gran Buenos Aires, culpable salvo que demuestre lo contrario.
En estos momentos no sólo se impone investigar hasta llegar a la verdad. En medio de tantas voces que se alzan alarmadas por hechos de inseguridad cotidiana la pregunta obvia es ¿a quiénes les encomendamos la protección de nuestra seguridad? ¿Acaso el asesinato de Luciano no es un gravísimo caso de inseguridad?
¿Es ésta la policía que necesitamos, siempre presta para el “gatillo fácil”, la tortura de los pobres, la represión de quienes reclaman por sus derechos?
Estamos en una etapa pre electoral. Se sucede el desfile de candidatos sonrientes por la televisión prometiendo “mano dura” al delito, más recursos a la policía, más policías. Pero nada dicen de esta policía, la real, la que existe. ¿Harán declaraciones con caras compungidas ante esta revelación?
¿Qué tendrá para decir el Gobernador Scioli?
Luciano Arruga no es la única víctima. Muchos otros jóvenes pobres, abandonados a su suerte por un Gobierno que privilegia el pago de la ilegítima deuda externa generada mayormente por la Dictadura, sufren la misma suerte que él.
A 30 años de la recuperación del sistema constitucional es inaceptable que no se haya avanzado en la democratización del Estado en particular la policía y la justicia. Casualmente, o no tanto, actores principalísimos de esta tragedia junto al Poder Ejecutivo.
No sólo exigimos justicia para Luciano con la condena para los autores intelectuales y materiales de su asesinato.
También exigimos las decisiones políticas que terminen con la estructura policial engendrada en la dictadura, y por una justicia transparente al servicio del pueblo.
Hugo Blasco
Secretario General de la AJB
Secretario de Derechos Humanos de la CTA
Tucumán 1966, CABA.
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