“La Legislatura debe involucrarse en la democratización de la Justicia”

 

La semana pasada, Pablo Abramovich y Jorge Sotelo en representación de la AJB se reunieron con el senador y presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara Alta de la Legislatura, Gervasio Bozzano, para sumar apoyo a la sanción de la ley de Negociación Colectiva del sector y manifestarle su preocupación por los intentos de privatización de tareas en las Oficinas de Mandamientos y Ntificaciones.

Desde la AJB plantearon a Bozzano la necesidad impostergable de poner en debate en la Legislatura la ley de Negociación Colectiva que hasta el momento los tres poderes del Estado han negado a los y las trabajadoras de la Justicia bonaerense. La fuerte iniciativa del gremio de impulsar esta sanción se da en el marco del debate sobre la necesidad de un profundo proceso de democratización de la Justicia provincial, en el cual la negociación colectiva de las condiciones laborales al interior del Poder Judicial es central.

“La democracia tiene una gran deuda con los y las judiciales desde la sanción de la Constitución de 1994, que obliga a garantizar la negociación colectiva de todos los sectores de trabajadores y trabajadoras estatales”, remarcó Pablo Abramovich, secretario general de la AJB en la reunión.

Atento que casi todos los sectores del Estado provincial cuentan con una ley que regula el proceso de negociación colectiva de sus condiciones de trabajo, el foco por su falta de aplicación en el Poder Judicial debe ponerse en la resistencia de la Suprema Corte a democratizar su funcionamiento y adecuarse a los estándares actuales en materia de relaciones laborales.

Mandamientos y Notificaciones

En la reunión con el jefe del bloque de Senadores del oficialismo, Abramovich y Sotelo plantearon la grave situación que atraviesan las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones del Poder Judicial.

Ambos dirigentes gremiales coincidieron en señalar que el Acuerdo 4013 dictado por la Suprema Corte avanza en un proceso de privatización de tareas propias del Poder Judicial, que pone en riesgo no solo la igualdad en el acceso a la Justicia sino también las garantías del debido proceso.

“Entre otras consecuencias, esta privatización de las notificaciones genera un doble estándar en el acceso a la Justicia en la provincia, que acelera los tiempos del proceso judicial para aquellas personas que puedan solventar las notificaciones privadas, en perjuicio de quienes no puedan hacerlo y tengan que recurrir al régimen actual, afectado por un proceso de vaciamiento de personal y recursos que se profundizará como consecuencia de este acuerdo”, expresaron.

Para finalizar, desde la AJB remarcaron la necesidad de que la Legislatura se involucre en este tema teniendo en cuenta que entre otras cosas el Acuerdo 4013 de la Suprema Corte avasalla normas específicas del Código Procesal Civil y Comercial, cuya reforma estará próximamente en debate a partir de la iniciativa anunciada por el Ejecutivo provincial.