En el marco de la convocatoria a nivel nacional, de la que participaron cientos de miles de personas contra la violencia de género, las trabajadoras y trabajadores judiciales manifestaron en todo el territorio de la provincia. En cada departamental, las integrantes de la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades organizaron la actividad con consignas surgidas a partir de las necesidades de quienes no encuentran respuesta ni reparación adecuada en el ámbito de la Justicia. Asimismo manifestaron para acabar con la situación de vulnerabilidad de las judiciales, que ante las situaciones de violencia no cuentan con licencias ni permisos especiales, y para revertir la falta total de capacitación de operadores, agentes, funcionarios y magistrados, que les impide trabajar con perspectiva de género.
En tal sentido, en la AJB se aprecia una situación inversa, ya que con esta marcha quedó demostrado el compromiso de los trabajadores y trabajadoras judiciales que, más allá de la cuestión salarial, continúan reclamando en las plazas y en las calles, preocupados por conseguir las transformaciones sociales necesarias para una vida mejor y sin violencia.
A continuación, reproducimos algunas de las propuestas que desde el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo fueron remitidas al Poder Judicial para difundir el reclamo y exigir soluciones efectivas e integrales:
Licencias laborales que contemplen situaciones de violencia. Previsión de licencias laborales y justificación de ausencias en el ámbito educativo para las mujeres y sus hijos que se desempeñen en ámbitos públicos y privados (régimen de contrato, planta permanente, autónoma o cualquier otra forma de empleo registrado o no) que estén atravesando situaciones de violencia de género.
Reformas en el ámbito del Poder Judicial y creación de nuevos Juzgados de Familia y áreas específicas en el Ministerio público. Ante el colapso de denuncias por violencia contra las mujeres, el OVG propone la puesta en marcha de nuevos Juzgados de Familia y fortalecimiento de los existentes en la provincia de Buenos Aires, que posibiliten mayor capacidad de recepción e instancias de seguimiento de causas de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. Sugiere también la necesidad de transversalización de los procesos judiciales en donde todos y cada uno de los aspectos que surjan de la problemática (régimen de comunicación, responsabilidad parental, cuota alimentaria, división de sociedad conyugal, etc.) puedan ser tramitados y juzgados con perspectiva de género con independencia de si tramitan en el fuero especializado. Se propone la creación de áreas específicas dentro del Ministerio Público para el abordaje de causas de violencia contra las mujeres: Defensorías oficiales especializadas para la representación judicial gratuita de mujeres víctimas de violencia familiar que solicitan medidas de protección ante los Juzgados de Familia, Juzgados de Paz y ante la Justicia penal; Fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres en cada departamento judicial, integradas por un cuerpo de profesionales especializados, con funciones de establecer instancias de articulación con dependencias del ejecutivo nacional, provincial y municipales y con ONGs, a los fines de realizar un abordaje integral de la violencia de género que contemple el acceso al trabajo formal, a la vivienda, al cuidado, a la atención psicológica, entre otros; Cuerpo de abogados dependientes del Ministerio Público Fiscal para representar judicialmente y en forma gratuita a las mujeres víctimas de violencia y a los familiares de aquellas mujeres que han sido asesinadas en contextos de violencia de género
Modificar la Ley de Violencia Familiar en la provincia de Buenos Aires. Es preciso adecuar la legislación provincial a la legislación nacional y a los estándares internacionales que reconocen además de la violencia familiar, otras modalidades de violencia contra las mujeres: institucional, obstétrica, laboral, mediática, contra la salud sexual y reproductiva.