La acción innecesaria e inexplicable del gobierno de la CABA de cercar con vallas el hogar de la vicepresidenta donde se reunían los manifestantes pacíficamente en su apoyo, con el deliberado propósito de generar una provocación, terminó en una represión con gases, balas de goma, garrotes y camiones hidrantes que alcanzó hasta familias enteras con niñxs pequeñxs y también a ancianxs.
La idea de que puede castigarse con represión a quienes piensan distinto pertenece a un pasado que lxs argentinxs hemos dejado atrás y repudiamos. Estos hechos, acompañados con la profundización de discursos de odio e intolerancia y la persecución política ideológica que vienen desplegando estos sectores, al punto incluso de insultar y golpear al propio hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner, y de detener hasta a parlamentarios y funcionarixs gubernamentales que se encontraban participando de la manifestación, rayan las prácticas fascistas.
Así como cada vez que defendemos nuestros derechos salimos y ocupamos las calles con nuestros reclamos, lxs judiciales de todo el país exigimos que se respete este derecho constitucional para todxs lxs argentinxs, porque nunca la violencia puede ser la respuesta a las opiniones y reclamos de la sociedad.
Esta situación es doblemente grave dado el contexto donde el Poder Judicial está siendo usado como la forma de violentar y proscribir la democracia, vulnerar el Estado de Derecho y avasallar las garantías procesales, una forma de intervención que no casualmente se extiende por América Latina, como ha sucedido en los últimos años en Brasil, Paraguay, Bolivia o Ecuador.
Tucumán 1966, CABA.
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