Justicia por Santiago Maldonado

Santiago Maldonado desapareció luego del allanamiento realizado por efectivos de Gendarmería Nacional a la comunidad mapuche “Pu Lof en Resistencia” de Cushamen, al noroeste de la provincia de Chubut. El día anterior el artesano había participado en un corte de ruta enmarcado en la lucha por la recuperación de las tierras ancestrales originariamente ocupadas por esa comunidad, corte que fuera despejado violentamente en la madrugada del 1º de agosto de 2017 por las fuerzas de seguridad a partir de la orden emitida por el Juez Federal Guido Otranto.

Luego de intensos rastrillajes, infinidad de versiones y reclamos de aparición con vida de sus familiares y de organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y sindicales, entre otros, el cuerpo de Santiago fue encontrado 78 días después en las aguas del río Chubut, 400 metros río arriba del lugar en el que había sido visto por última vez.

Desde el mismo momento de su desaparición, las y los principales referentes políticos del gobierno nacional, tales como el ex Presidente Mauricio Macri, la ex Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, el ex Jefe de Gabinete Pablo Noceti y el ex Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj negaron la responsabilidad de la Gendarmería y la desaparición forzada de Santiago.

A ello debe agregarse la cuestionable actuación de funcionarias y funcionarios del Poder Judicial. El Juez Otranto y la Fiscal Federal Silvina Avila, no sólo no dieron credibilidad a la denuncia de la desaparición de Maldonado –impulsada también por Julio Saquero, integrante de la Regional Noroeste de Chubut de la APDH-, sino que además dudaron de su presencia en el lugar y criminalizaron la protesta de la comunidad mapuche. El único magistrado judicial que intervino en persona y registró las irregularidades del operativo de Gendarmería y la desaparición de una persona fue el Defensor Oficial Fernando Machado. Luego de constatarse varias irregularidades en su actuación, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia aceptó la recusación de Otranto y designó en su lugar a Gustavo Lleral, quien archivó la causa en noviembre de 2018.

A tres años de su desaparición, la causa –reabierta por la Cámara Federal de Apelaciones- sigue sin ser resuelta, a pesar de la intervención de organismos internacionales de derechos humanos. Oportunamente el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU remarcó su preocupación por las falencias en el accionar del Estado en la búsqueda de Santiago y la investigación judicial por la responsabilidad en su desaparición. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le fijó al Estado argentino un plazo de tres meses para que brinde respuestas sobre la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado.

“Estos tres años de impunidad tornan vigente la exigencia de justicia por Santiago Maldonado, pero también muestran el arraigo que tienen en el Estado prácticas heredadas de la última dictadura militar, tales como la desaparición forzada y la tortura, como así también la complicidad del Poder Judicial, garantizando la impunidad de sus responsables”, señaló Mariano Fernández, secretario de Derechos Humanos de la AJB.

“La erradicación de estos delitos sigue siendo una deuda de la democracia y una grave falencia del actual Estado de derecho”, finalizó Fernández.

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