El proyecto aprobado el mes pasado que declaró la “emergencia administrativa y tecnológica” en la Provincia, generó y genera rechazo entre los trabajadores del Estado.
Uno de los puntos más controversiales es que habilita a los ministros a firmar contratos de locación de servicios, lo que va en detrimento de los trabajadores de la 10.430 y abre la puerta a la flexibilización laboral en el Estado.
Al respecto, Pablo Abramovich, secretario general de la AJB, señaló que “desde nuestro gremio acompañamos este reclamo de inconstitucionalidad de la ley, porque rechazamos el intento de precarizar aún más las condiciones de empleo de los trabajadores del Estado, habilitando la toma de personal a través de contrataciones que violan el principio constitucional de estabilidad del empleado público”.
“En este punto creemos que un Estado más fuerte y eficiente requiere de trabajadores estables, capacitados a partir de la experiencia en la función, remunerados dignamente y con condiciones de trabajo adecuadas”, ratificó Abramovich.
Además, la norma impulsada por María Eugenia Vidal, reduce los plazos de las licitaciones públicas para la adquisición de bienes y servicios en el Estado provincial. Y acorta el tiempo para que los organismos de control se expidan sobre su validez.
En este punto, el secretario General de la AJB volvió a plantear su disconformidad: “Rechazamos el intento de limitar los mecanismos de control a los procesos de contrataciones y licitaciones. Estamos convencidos de que con la experiencia que vivimos los argentinos en los últimos treinta años, necesitamos un Estado con más y mejores instituciones de control, y no menos como pretende la ley”.
Tucumán 1966, CABA.
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