




La resolución fue adoptada en el marco de un hábeas corpus preventivo colectivo y fundamentada en la necesidad de garantizar los derechos de las y los adolescentes frente a la falta de condiciones materiales, institucionales y de infraestructura adecuadas para la implementación del nuevo régimen.
Defendemos la independencia del Poder Judicial y el pleno ejercicio de sus facultades constitucionales. Las decisiones judiciales cuentan con mecanismos institucionales de revisión y no pueden dar lugar a campañas de presión, persecución o amedrentamiento contra magistradas, magistrados ni trabajadores y trabajadoras judiciales.
En las últimas horas, el hostigamiento se ha extendido también al personal del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora. Por ello, exigimos el cese inmediato de los ataques y reclamamos la urgente intervención de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la Procuración Provincial y el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la jueza, de las y los trabajadores del organismo y el normal desarrollo de sus funciones.
Resulta especialmente preocupante que desde los principales medios de comunicación y desde distintas instancias del Gobierno nacional, incluso a través de funcionarios y personalidades con altísimas responsabilidades institucionales, se alimente una campaña de desprestigio, presión y ataque contra una magistrada por una decisión adoptada en el ejercicio de sus facultades constitucionales.
Estas prácticas afectan gravemente la independencia judicial, el respeto por la división de poderes y el normal funcionamiento de las instituciones de la República.









